Por un lado los diputados de la Asamblea Legislativa y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y por otro el gobierno de Nayib Bukele, mientras que los trabajadores al centro con la incertidumbre de saber quién les pagará su salario durante el tiempo de la cuarentena.

Una interpretación auténtica al decreto 593 de la emergencia nacional por la pandemia tiene enfrentados al gobierno, los diputados y los empresarios.

Como parte de los mecanismos para prevenir el Covid-19, el gobierno ordenó una cuarentena para todos los compatriotas y extranjeros que provenían de países con miles de casos confirmados de la enfermedad.

Para tener todos los mecanismos legales necesarios, el 15 de marzo se declaró oficialmente emergencia nacional por coronavirus y en su decreto se establecía que el salario de los trabajadores aislados iba a ser subsidiado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

En el 593 del gobierno establece que el ISSS debe pagar

“Las cuarentenas ordenadas por la pandemia Covid-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común (…) el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena”, quedó establecido en el artículo 5.

Lo anterior quiere decir que los ciudadanos que fueran puestos en cuarentena a su llegada a El Salvador y que resultasen imposibilitados para asistir a sus trabajos, su salario iba a ser subsidiado por el ISSS.

En ese momento, quienes estaban en cuarentena se contaban por cientos, pero las autoridades ya analizaban nuevas medidas para hacerle frente al avance que el coronavirus estaba mostrando no solo en Europa, sino en América.

La cuarentena domiciliar obligatoria

Ante el aumento exponencial del virus, el gobierno decretó —amparado en el Estado de Emergencia y Régimen de Excepción que le aprobó la Asamblea— una cuarentena domiciliar obligatoria y advirtió que quien anduviera en la calle sin autorización iba a ser llevado a los centros de contención.

También se ordenó a empresas de diferentes rubros no relacionados a la alimentación, salud y gasolineras, dejar de operar y mandar a casa a los trabajadores.

Fue en ese momento que una parte considerable de la fuerza trabajo fue obligada a quedarse en sus viviendas, por lo que la población en cuarentena subió de manera súbita de un momento a otro.

Los considerados en cuarentena ya no solo eran los cientos que venían del extranjero, sino las decenas de miles que se quedaron en casa.

La interpretación auténtica

Con 45 votos, los partidos decretaron una interpretación auténtica del decreto de Estado de Emergencia del gobierno para que no quedara duda que el ISSS debía pagar.

“Las cuarentenas ordenadas por el Órgano Ejecutivo (…) tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales (…) para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el ISSS está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador con cuarentena”, reza la interpretación.

En lo emitido por los diputados deja sin lugar a dudas que se trata de todos los trabajadores en cuarentena y no solo los que están en los centros de contención.

“Por tanto, todos los trabajadores que estén cumpliendo cualquier tipo de cuarentena, por la pandemia Covid-19 tendrán derecho al subsidio establecido en la presente disposición desde el primer día hasta la finalización de dicha cuarentena, no importando si el trabajador estuviese enfermo o no”, agregaron.

El veto

De acuerdo con fuentes legislativas, el gobierno quería una modificación del artículo 5 del Estado de Emergencia para que quedara establecido que las empresas se hagan cargo de los pagos de los trabajadores.

Después de conocer esa información, la ANEP y la Cámara de Comercio expresaron su negativa en las redes sociales; ambas posturas fueron vistas por el presidente Nayib Bukele, que les llamó a “devolverle un poco a los trabajadores que los han hecho ricos”.

La propuesta de modificación del gobierno no logró los votos necesarios y los diputados consumaron la obligación al ISSS de atender los pagos, algo que el presidente Bukele tildó como la “quiebra” de una institución que podría verse afectada en los próximos meses por el avance del coronavirus, refiriéndose al Seguro Social.

“La ANEP, embolsándose 300 millones de dólares mensuales del ISSS. Dinero que obviamente el ISSS no tiene. Quebrando así nuestra segunda institución de salud, justo en medio de una pandemia. Asquerosos. Qué codicia más impresionante. Solo les importa el maldito dinero”, criticó el mandatario.

La medida significaría, de acuerdo con el mandatario, una carga de unos $320 millones mensuales, por lo que si el tiempo de la emergencia se alarga la cifra obviamente va subiendo.

Bukele anunció un veto a la interpretación auténtica que hicieron los parlamentarios basado en el artículo 142 de la Constitución de la República.

"Fraude de Ley", dice el presidente de la Asamblea

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, que no estaba en el pleno al momento de la votación, advirtió que lo que aprobaron sus colegas es un "fraude de ley" porque en lugar de hacer una interpretación hicieron una reforma. 

"Hicieron una interpretación que desde mi punto de vista es una interpretación auténtica que no es, sino (una) reforma de ley, por lo que se configura el fraude de ley y si el presidente la veta va a ser por eso, porque al leerlo (...) es una reforma, no podes meter un decreto bajo un engaño (...) le metieron gato por libre, en buen salvadoreño, lo hicieron chambón", explicó.