Los funcionarios públicos que actualmente ocupan cargos en el Gobierno o alcaldías y que aspiren a una postulación para las elecciones presidenciales de 2019 todavía no tienen certeza de los plazos que deben cumplir para poder optar a una candidatura. El mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acierta a decir cuándo deben renunciar a sus cargos para hacer realidad sus aspiraciones políticas.

Si bien la ley estipula que ninguna persona que haya ejercido la Presidencia de la República un año antes de la siguiente elección puede ser presidente, recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional han cambiado el panorama.

Este escenario afectaría principalmente a políticos del FMLN. En ese partido han mostrado algún interés por buscar una candidatura presidencial -o al menos a la Vicepresidencia- personas como Óscar Ortiz, actual vicepresidente; Hugo Martínez, actual canciller, y Miguel Pereira, alcalde de San Miguel.

Pero también abarca al alcalde de San Salvador Nayib Bukele, recientemente expulsado del oficialismo.

Otro de los presidenciables, Gerson Martínez, ya renunció a su cargo de ministro de Obras Públicas y todo apunta a que ya trabaja en su precandidatura.

Del lado de ARENA, salvo que la fórmula presidencial la complete algún diputado o alcalde, no existiría algún problema de este tipo.

Mientras, en GANA el diputado Guillermo Gallegos no ha ocultado su coqueteo con una candidatura, por lo que también podría verse en la necesidad de sacar la calculadora para determinar cuándo alejarse de la curul si quiere ser presidente de El Salvador.

El magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza, explicó que “según el Código Electoral se debe de tener un año sin un cargo público. Aunque hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que se deben de estudiar”, reveló.

Según lo planteado por el funcionario, “hasta las elecciones pasadas se entendía que el único cargo que no debía de tener era el de presidente, esto no incluía ministros. Pero es algo que se debe de estudiar”.

“Hay personas que ya están haciendo movimientos gigantes, pero esos movimientos son más políticos que jurídicos”, añadió en referencia a aquellos funcionarios que ya han mostrado interés en una candidatura y que tendrían que renunciar al cargo que ocupan.

¿Qué pasará con los funcionarios electos por votación?

Respecto a aspiraciones presidenciales de funcionarios que han sido electos por medio del voto popular, como alcaldes, diputados o el mismo vicepresidente, Cardoza recordó que pedir permiso en el cargo no será suficiente. Sin embargo, la ley tampoco permite que renuncien. 

Si esa lógica se impone, aquellos políticos que resulten electos como alcaldes o diputados en marzo de 2018 se excluirían de cualquier aspiración presidencial o vicepresidencial para febrero de 2019. Así, nombres como el de Ortiz, Pereira y Gallegos podrían quedar fuera.

“Antes se pedía permiso del cargo, el funcionario se ausentaban para realizar la propaganda y si perdían la elección regresaban, pero ahora es distinto. Especialmente para las presidenciales, con tanta resolución de la Sala la cosa ha cambiado”, señaló Cardoza.