Un abogado está siendo procesado por ofrecer $500 a un empleado de los Juzgados para beneficiar a la mujer de un peligroso pandillero. La Fiscalía señala, además, que el imputado pretendía trabajar para el exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, quien también tiene abierto un expediente por los delitos de tráfico de influencias y agrupaciones ilícitas.

Según la acusación fiscal, en junio de 2014 el abogado Herbert Noé Lobo Menjívar ofreció dinero al secretario interino del Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, para que agilizara un proceso judicial a favor de Ana Lucía Pérez Berríos, pareja sentimental de César Daniel Renderos Díaz, alias "El Muerto" o "Cementerio", uno de los principales cabecillas del ala Revolucionaria de la pandila 18.

El expediente judicial señala también que en el año 2014, y cuando la tregua estaba por finalizar, Lobo Menjívar le pidió a Renderos Díaz "como amigo" que le gestionara una reunión con Mijango. 

Ese año, la pareja del líder pandillero fue acusada por el delito de agrupaciones ilícitas junto a otros sujetos, pero su proceso quedó pendiente mientras los demás imputados fueron absueltos.

Para agilizar el proceso, los juzgados debían enviar un acta a la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador para que se nombrara un juez suplente que conociera el caso. Mientras más rápido se enviara dicha acta, más rápido podría quedar en libertad la imputada. Fue entonces cuando el abogado Lobo Menjívar le ofreció dinero a un empleado, identificado como Salvador Ernesto Rivera Jiménez, con el propósito de apresurar el trámite.

En 2014 una auditoria de la Corte Suprema de Justicia determinó que Rivera Jiménez había ocultado documentación, no la incorporó a procesos judiciales y no le dio trámites a algunos casos, por lo que fue removido de su cargo  y a finales de ese año fue enviado a prisión.

"Lo utilizaron (al abogado) los pandilleros para infiltrar el órgano judicial", señaló el fiscal del caso.

Más investigaciones

Ese mismo año, la Fiscalía vinculó al abogado Lobo Menjívar con la tribu "106 Gangsters" de la comunidad Las Palmas, de San Salvador . Según el ministerio público, el profesional del derecho realizaba funciones más allá de su trabajo como defensor y se había convertido en un intermediario entre Renderos Díaz, quien para ese entonces se encontraba recluido en el penal de Izalco, y los pandilleros que estaban libres.

Renderos Díaz daba órdenes al abogado a través de Pérez Berríos, quien además de su pareja sentimental era la encargada de las finanzas de la estructura criminal en las comunidades La Pedrera, Las Palmas, Núñez, San Diego, Valle de Oro, Istmania, La Mascota,  Palermo y  Papini. "Servia de canal de ejecución", señaló el fiscal del caso.

La relación del abogado con Renderos Díaz llegaba a tal punto que cuando fue capturada la encargada de las extorsiones en los negocios alrededor de la comunidad Papini, este le ordenó defenderla pero además le pidió que averiguara quién estaba al tanto de todos los negocios para que la pandilla continuara cobrando el dinero.

De acuerdo a la acusación fiscal, Lobo Menjívar también proporcionaba a los delincuentes información confidencial sobre procesos penales. 

Trató de trabajar para Raúl Mijango

De acuerdo a la investigación fiscal, el abogado habría intentado trabajar para el entonces mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango. En el año 2014, y cuando la tregua estaba por finalizar, Lobo Menjívar le pidió a Renderos Díaz "como amigo" que le gestionara una reunión con Mijango. 

El objetivo, según la Fiscalía, el abogado se encontraba preocupado porque también se enteró de investigaciones fiscales contra defensores que laboraban con grupos criminales.

Durante la vista pública la fiscalía presentó 30 audios de escuchas telefónicas que vinculan al abogado con los delitos que le imputan, además de pruebas documentales y una confesión extrajudicial del exempleado de los juzgados especializados.

En su defensa, Lobo Menjívar señaló que tenía su despacho como abogado independiente desde 2006 y que sólo desarrollaba su función como defensor. "En ese año el auge de las pandillas era fuerte y la mayoría de clientes que uno puede ubicar, gente de dinero, ya tenían sus abogados y uno tiene que sobrevivir y prestar sus servicios, a veces con miedo o temor", justificó.

El ministerio público ha solicitado ocho años de prisión para el abogado. El Juzgado Especializado de Sentencia B dará a conocer el fallo el próximo 24 de noviembre.