Otra mujer fue absuelta del proceso judicial que se llevaba en su contra en el que era acusada de extorsionar por medio del servicio “Tigo Money” con un teléfono que estaba registrado a su nombre. Anteriormente absolvieron a Wendy una activista que sufrió la misma situación.

Fátima Anabel Hernández, quien es hermana de un sacerdote católico de la diócesis de Santiago de María, fue detenida por primera vez el 25 de febrero de este año cuando fue acusada de ser parte de una banda de extorsionistas de Soyapango.

Según la información de la fiscalía desde un número de teléfono registrado a nombre de la mujer se exigió la cantidad de $10 que debería ser pagado por medio del servicio de Tigo Money; sin embargo la mujer alegó que ese número no le pertenecía y al no comprobarse que ella había retirado el dinero, quedó en libertad.

El ministerio público insatisfecho con la decisión apeló; sin embargo, el juez del caso desestimó la petición. Pero a finales de septiembre volvió a ser capturada porque la Fiscalía la acusaba de haber retirado otros $500 desde el servicio Tigo Money producto de extorsión a un comerciante.

La captura indignó al sacerdote Pablo Edgardo Hernández García quien solicitó el apoyo de la comunidad para demostrar la inocencia de su hermana a quien describió como “una mujer profesional, madre de familia con principios morales y espirituales”.

Hernández es licenciada en enfermería y trabaja desde hace más de 20 años en el Hospital 1º de mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y es madre de dos hijos, un joven que estudia en la Universidad El Salvador (UES) y otro de seis años que estudia en un colegio católico.

En su momento, el sacerdote denunció que su hermana había sido violentada al presentarla ante los medios de comunicación de San Miguel como una miembro de una red de extorsionistas sin haber respetado su derecho de presunción de inocencia, por lo mismo acusó al director de la Policía quien la presentó en las mismas condiciones en San Salvador.

Pese a que contaban con un testigo criteriado, el ministerio público no pudo comprobar que la mujer había hecho esos retiros y la defensa de Hernández sostuvo que ese era un número que había perdido años atrás y que la empresa telefónica no había sacado de sus registros, que fue suficiente para que quedara en libertad.