Audiencias virtuales continúan siendo un dolor de cabeza para jueces de sentencia

Aunque la compra de más herramientas informáticas que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los últimos meses ha aumentado levemente el número de audiencias virtuales que se instalan en San Salvador, los Tribunales de Sentencia de la zona reconocen que aún hay una mora de procesos debido a que no se instalan muchas de esas vistas públicas.

Los motivos de la suspensión de estas son diversos, que van desde la falta de equipo necesario, problemas técnicos y hasta la falta de coordinación entre los juzgados y centros penales; lo cual se traduce en un retraso en la labor judicial.

Aunque ninguno de los tres jueces de sentencia consultados brindó una cifra exacta de los casos retrasados, confirmaron que existe una mora "sustancial", que se suma a la que ya existe por las reprogramaciones que solicitan las partes involucradas con argumentos que se amparan en las leyes.

Las audiencias virtuales se establecieron de lleno desde abril del año pasado como consecuencia de un decreto transitorio que aprobó la Asamblea Legislativa, en la que se detalló la implementación de una serie de medidas extraordinarias de seguridad. Uno de los cambios más drásticos fue que se prohibió la salida de los reos de siete centros penales del país, debido a que su población ha sido catalogada como pandilleril.  

Con esa modalidad, se buscaba la continuidad de los procesos judiciales contra los reos de los centros penales de Izalco, Zacatecoluca, Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera y Quezaltepeque, quienes no podían dejar el reclusorio.

El reto de echar a andar la maquinaria

Desde entonces, los juzgados montan todo un aparataje informático para enlazar por internet a los reclusos desde los penales con las salas de audiencias para que los imputados puedan estar semipresentes en sus procesos judiciales.

Aunque el planteamiento era prometedor, a los pocos meses de su implementación, empezaron a surgir diversos problemas de ejecución. Fue entonces que se generó la suspensión de audiencias, la reprogramación de juicios, el retraso de la labor judicial y hasta el vencimiento del plazo de detención provisional de algunos procesados que es de dos años.

Un juez especializado de San Salvador, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad, recordó los problemas iniciales que se dio con la ejecución. "Eso era de esperarse porque se implementó sin tener el equipo y salas adecuadas y las partes involucradas no estaban capacitadas para eso". Sin embargo, reconoció que las audiencias se echaron a andar "a como dio lugar".

En un principio, el Centro Judicial Isidro Menéndez contaba únicamente con dos salas para instalar este tipo de audiencias virtuales y no daban a basto. Mientras que ahora el número de salas superan las 10.

Los jueces especializados fueron en un primer momento quienes se dedicaron a señalar los diversos problemas que se generaban con la instalación de audiencias virtuales, debido a que por la naturaleza de esos juzgados son los que solicitaban con más frecuencia audiencias de ese tipo. No obstante, ahora son los primeros en reconocer una mejora en ese sistema.

En aquel momento, el argumento de sus quejas se fundamentaba en que "las alarmas se encendieron cuando se tomaron medidas que, por dar la impresión de eficacia, comprometieron la labor de otras instituciones", explicó el juzgador antes mencionado.

Pese a esa situación, los juzgadores echaron a andar las audiencias y en el camino han encontrado diversos inconvenientes. Sin embargo, los tres jueces aseguran pueden ser superados si se toman las medidas necesarias.

Los puntos pendientes 

Por otro lado, los profesionales han advertido la necesidad de reformar las leyes competentes de manera permanente para que el sistema de audiencias virtuales no se base en decretos temporales y avance hacia un sistema bien estructurado que pueda ir mejorando.

Uno de los inconvenientes que se plantean actualmente es la necesidad de establecer funciones puntuales a los delegados de los tribunales. Estos tienen como función llegar   a los centros penales para verificar que las condiciones estén correctas.  

"Los delegados son nuestros ojos en los centros penales. A través de ellos nosotros tenemos la certeza de que los reclusos que han llevado a la sala virtual son los acusados, que tengan las condiciones necesarias y que el proceso se está llevando de la manera legal", señaló otro de los jueces consultados. Agregó que si estos no llegan o no hacen las diligencias necesarias, no pueden exigirles nada porque no existe un documento que les otorgue funciones.

Para los juzgadores, la importancia de establecer funciones legales radica en que estos funcionarios se vuelven el enlace de coordinación o medio de comunicación entre las autoridades de los centros penales y los jueces que ven los procesos.

Uno de los jueces consultados recordó una situación incómoda que ocurrió en una audiencia virtual en la que un abogado defensor advirtió que el recluso que habían llevado no era su representado. Luego de las averiguaciones que realizó el delegado, se concluyó que en efecto no era la misma persona y se logró rectificar.

Otra de las situaciones que se vuelven un obstáculo es que los centros judiciales del interior del país como el municipio de Cojutepeque y en San Vicente carecen de salas para instalar este tipo de audiencias. Esto obliga a los jueces de esas jurisdicciones a buscar una sala en San Salvador y con ello se saturan los procesos judiciales de esa zona.

Según los jueces de sentencia, la coordinación de audiencias virtuales de juzgados del interior del país es más complicada debido a que el equipo de empleados judiciales que se debe movilizar hacia San Salvador es grande, sin tomar en cuenta que también deben movilizarse a los testigos.

Pese a todos esos inconvenientes, todos los jueces consultados son del pensar que si las condiciones de las audiencias virtuales son mejoradas representan un paso a la actualización que los juzgados deben dar.

"Una buena implementación de estas audiencias no solo es un recurso útil para la seguridad nacional, también es una oportunidad para reducir costos en el sistema judicial y principalmente mejorar la efectividad de los procesos judiciales", explicó un juez especializado de San Salvador.