El segundo día en el juicio del caso conocido como “Tregua” ha abierto nuevos resquicios que dan luz sobre cómo desde el expresidente de la República Mauricio Funes, pasando por el ministro de Seguridad, David Munguía Payés –como lo dijo el capellán de la Fuerza Armada, Fabio Colindres- estaban al tanto de todo el proceso de tregua y cómo la avalaron como una política de Estado.

Los seis testigos que rindieron su declaración este martes dejaron en claro que tanto el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, como el exinspector general de Centros Penales Anílber Rodríguez –ambos imputados en este caso- estaban al tanto y permitieron el ingreso de objetos ilícitos a centros penales.

De hecho, la cadena de mando que se extendía desde Funes, pasando por el ministro de Seguridad, el director de centros penales, el inspector general pasaba incluso por varios directores de centros penitenciarios que debían –bajo órdenes expresas- permitir el ingreso de los ilícitos.

Y, además, “hacer de la vista gorda” ante la violación a los protocolos de visitas a los penales, de medidas de seguridad o de ingresos a los centros penitenciarios.

Según expuso el exdirector del centro penal de Quezaltepeque, Miguel Ángel Hernández, el 23 de marzo de 2012 varios reos recibieron la visita de Raúl Mijango y Roberto Castillo Díaz.  

Cuando terminó la visita, registraron a los reos que estuvieron en esa reunión y les encontraron cigarros y teléfonos celulares.

Las autoridades le notificaron a Hernández y este a su vez le comunicó sobre el ilícito al ex inspector general de Centros Penales, Anílber Rodríguez. “Y él, solo me ordenó que se los dejara”, dijo Hernández.  Los reos ingresaron a sus celdas con los objetos no permitidos.

Minutos más tarde, recibió una llamada de Rauda para una reunión. En esta, le comunicó que sería trasladado a otro penal. “Me dijo que había mostrado deslealtad con el proceso de pacificación”, recordó Hernández.

Posteriormente, fue trasladado del penal de Quezaltepeque, donde están miembros de la Pandilla 18, al penal de San Vicente donde hay reos comunes. De tal manera que ya no pudiera obstaculizar las acciones enmarcadas en el proceso de la tregua.

De igual forma, uno de los testigos con régimen de protección –un exdirector de centro penal- confirmó que él tenía la orden de no registrar a Mijango, a Colindres y a Castillo Díaz, quienes eran los principales mediadores de la tregua.

Recordó que en su gestión, ingresaron 15 televisores para que los usaran los reos en sus respectivas celdas, equipos de sonido y cambiaron los regímenes de visita, permitiéndoles, en lugar de dos, 10 personas.

Violaciones a protocolos

Otra de las evidencias que apuntan a los mandos medios y operativos fueron las declaraciones de la exdirectora del centro penal la Esperanza mejor conocido como “Mariona”, Patricia Pacheco.

La aún funcionaria de Centros Penales dijo que durante su administración en 2012 en varias ocasiones realizaron reuniones entre pandilleros de la MS y la 18 dentro de ese penal a la que asistían reos de otros centros penales y algunos que estaban en libertad.

Su papel en estas reuniones era limitado –pese a que bajo sus hombros estaba la responsabilidad de este reclusorio- pues ella solo gestionaba el espacio donde se llevaría a cabo la reunión; todo lo demás, lo coordinaba el inspector general de ese entonces Anílber Rodríguez.

La funcionaria recordó que, en varias ocasiones, ingresaron periodistas y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

Asimismo, notó que en esas visitas no se cumplían los protocolos de ingreso de personas o vehículos al penal, pues no se registraba nada.

La defensa evidenció que Pacheco había incumplido con los procesos al no notificar a la Policía el cometimiento de ilícitos.

“Yo solo estaba cumpliendo órdenes”, insistió la funcionaria.

No obstante, la violación de esos procesos o protocolos se daba en todos los centros adscritos a la tregua, tal es el caso del penal de Izalco, Sonsonate, donde incluso uno de los testigos –el técnico en informática Iván Alexander López- asistió por orden de la Inspectoría General a extraer información de todas las máquinas que guardaban información de seguridad y de los protocolos de las personas que ingresaban a los penales.

Para la Fiscalía, al obtener esta información, se manipuló evidencia de cómo estos procesos se estaban llevando a cabo en el marco de la tregua.

Conforme avanza la audiencia, más luz arroja de las autoridades que se involucraron en la tregua y que permitieron el fortalecimiento de las pandillas,  desde los niveles más altos hasta los operativos que permitieron que todo el engranaje funcionara.

Este miércoles, la Fiscalía sentará a rendir su testimonio a seis testigos más.

El jueves, se recibirá la declaración de Carlos Eduardo Burgos Nuila, mejor conocido con su alias “Nalo de Las Palmas”, uno de los principales cabecillas de la 18 R, quien ha sido criteriado en este caso.

A la espera, están los testigos de descargo, programados para el viernes, y entre los que está el testimonio del actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, señalado por todos los imputados como quien daba las órdenes para el funcionamiento de la tregua, con el aval del expresidente Funes.