• Diario Digital | jueves, 01 de diciembre de 2022
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Sucesos - Se le impuso una fianza de $7,000

Vinculan a colaboradora judicial de Zacatecoluca con red de pandilleros terroristas

La empleada judicial asegura que está siendo acusada injustamente, porque le cae mal a sus compañeros de trabajo. Además, niega tener una situación sentimental con uno de los pandilleros capturados.

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La abogada María Marlene Gutiérrez Álvarez es colaboradora judicial en el Juzgado 1° de Paz de Zacatecoluca y acusada por vínculos con organizaciones terroristas.
Vinculan a colaboradora judicial de Zacatecoluca con red de pandilleros terroristas

María Marlene Gutiérrez Álvarez trabaja desde hace 12 años como colaboradora judicial en el Juzgado 1° de Paz de Zacatecoluca, La Paz. Ahora, está siendo procesada por organizaciones terroristas, porque presuntamente colaboraba con pandilleros de la 18 en la zona facilitando información para que estos cometieran sus crímenes.

Este martes se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador donde los acusados fueron llevados ante el juez. Esta estructura realizaba extorsiones en toda la zona del mercado de Zacatecoluca e incluso está vinculada en el cometimiento de varios asesinatos que la Fiscalía aún está investigando.

Así, a la empleada, quien es abogada y notaria de la República, se le vincula sentimentalmente con uno de los imputados detenidos y de obtener información de las ubicaciones de los allanamientos, para que posteriormente los supuestos miembros de la estructura pudieran desaparecer armas, drogas y otros ilícitos.

La abogada dijo a El Salvador TIMES que ella ya no estaba con ese compañero de vida, que él ya estaba con otra mujer desde hace varios años. “Y ahora, me tienen en este proceso y yo ya ni estoy con él”, dijo.

Ella fue capturada el jueves pasado, mientras estaba trabajando y aseguró que todo esto es debido a que ha tenido problemas con los compañeros de trabajo que han querido difamarla. Explicó que un compañero se acercó a agentes de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) y buscó implicarla con estas personas para dañar su imagen. “Nunca he trasladado información a pandilleros”, reiteró.

“Yo estoy aquí por un problema laboral que tengo con un compañero; él le dijo algo a unos policías. Yo no tengo nada que ver con nadie”, dijo.

La abogada agregó que luego de que la detuvieron, ha sido víctima de acoso de varios agentes policiales, porque le han tomado fotos y la han tratado como si fuera culpable.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que tiene problemas con pandilleros, pues la primera vez, en la zona donde ella vivía, fue amenazada a muerte. 

Ella viajaba todos los días, pero debido a las amenazas se vio en la necesidad de mudarse hacia Zacatecoluca en noviembre pasado. Aunque ella no cree que esto esté relacionado con el nuevo caso, reitera que no tiene contacto con pandilleros. Ahora teme por su vida, porque está vinculada con una organización terrorista y enfrenta un proceso en su contra.

Sobre el proceso

Sobre este caso, el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador decretó hoy instrucción formal con detención provisional contra 25 imputados, acusados de organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.

La jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía entre ellos, las declaraciones de testigos y víctimas, por lo tanto el proceso pasará a la siguiente etapa. Sobre los meses que durará el período de investigación la suscrita no se pronunció; sin embargo la FGR pidió seis meses.

A la colaborada judicial, así como a David Urías Colorado, Argelia Elizabeth Díaz y Bedilia Matilde Quezada Argueta se les decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional. En este sentido, deberán presentarse periódicamente al juzgado a firmar y no podrá salir del país. Además les impuso una caución de $7,000.

Los otros 20 imputados regresarán a la bartolina de la Policía Nacional Civil donde están recluidos.

**Estas acusaciones surgen de las investigaciones de la Fiscalía, quien deberá comprobar ante el tribunal si son ciertas o no. Por el momento, los acusados son inocentes de acuerdo al derecho que les confiere la Constitución llamado presunción de inocencia, que indica que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio.

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