El primer día del juicio del caso conocido como “Tregua” dejó los primeros hallazgos luego de escuchar el testimonio del capellán de la Fuerza Armada (FAES), monseñor Fabio Colindres, y al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, y los dedos apuntan directamente al expresidente de la República, Mauricio Funes.

Ambos testigos –propuestos por la Fiscalía- pusieron la luz sobre la cabeza del exmandatario, al asegurar que este conocía del proceso, pues fue una política de Estado con el respaldo del entonces presidente.

Colindres fue el primer testigo en declarar en este caso y en su exposición aseguró que el acuerdo se inició por “invitación” del Gobierno y no por iniciativa de las pandillas o de la sociedad civil.

Esta versión contradice con la que dijo Funes y el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, quienes aseguraron que el proceso surgió por iniciativa de la sociedad y las pandillas y que el Gobierno “acompañó” el acuerdo.

Colindres, quien fue uno de los primeros mediadores de la tregua junto con Raúl Mijango, dijo ante el juez  del Juzgado Especializado de Sentencia “A”, que fue invitado a participar en el proceso a finales de 2011 por Munguía Payés, actual ministro de Defensa.

Según su versión, la propuesta fue que se encargara de hacer trabajo pastoral con los pandilleros recluidos en los centros penales. Por su parte, Mijango haría las gestiones para que los cabecillas acordaran un cese a la violencia.

Esto dio inicio a una serie de reuniones de ambos mediadores con los principales cabecillas recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como “Zacatraz”. En estas primeras negociaciones, los pandilleros realizaban tres principales exigencias: que los trasladaran a cárceles comunes, tener acceso a teléfonos celulares para comunicarse con las estructuras y tener acceso a visitas de sus familiares.

El obispo castrense declaró que sí tuvo conocimiento que hubo ingreso de teléfonos celulares y prostitutas a centros penales. Al manifestar su desacuerdo y comunicarle lo sucedido a Munguía Payés, el general solo dijo: “Esas cosas pasan”, sin tomar ninguna medida.

En este sentido, dijo sentirse decepcionado del proceso. De hecho, a su criterio solo los primeros seis meses del pacto funcionaron.

Manifestó que todo el tiempo que estuvo como mediador estuvo en constante comunicación con el presidente Funes.

De hecho, mencionó que fueron alrededor de cuatro ocasiones, en las que Funes quería conocer cómo avanzaba el proceso.

Usaban dinero del Estado para pagar oficinas de mediadores

Por su parte, Salinas inició su testimonio en primeras horas de la tarde y reforzó las declaraciones de Colindres, al sostener que Funes tenía pleno conocimiento de las acciones que se llevaban a cabo dentro del proceso de tregua. Y que él, como director de la PNC, tenía relación directa con el mandatario.

“La tregua definitivamente fue política de Estado por las instituciones y actores que estaban involucrados. El presidente Funes tenía pleno conocimiento”, dijo el general.

Asimismo, manifestó que luego de dejar la Policía fue integrado al Organismo de Inteligencia del Estado y desde ahí asesoraba al presidente sobre posibles amenazas al Estado. Desde la OIE, se informaba también sobre el proceso de tregua y mantenía relación con los mediadores.

Además, confesó que la OIE era quien pagaba el alquiler de la casa donde funcionaba la oficina de Mijango, durante la tregua y que el Centro de Inteligencia Policial delegó a dos oficiales de la PNC para que realizaran labores de inteligencia durante el periodo que duró este proceso.

A su criterio la tregua fracasó debido a que al retomar Ricardo Perdomo el Ministerio de Seguridad –después de Munguía Payés- no pudo mantenerlo, pese a que se hicieron los intentos, aunque con diferentes mediadores. Sostuvo que en la época de Perdomo este rol lo llevaban a cabo el Padre Toño (Antonio Rodríguez)  y el pastor evangélico Mauricio Navas.

Estos fueron los principales hallazgos que se recogieron de la primera jornada del juicio en contra del exdirector de Centros Penales (DGCP), Nelson Rauda Portillo, el mediador entre pandillas Raúl Mijango y otras 16 personas más.

Este martes se espera que se presenten siete testigos, con régimen de protección, entre los que se encuentran Carlos Eduardo Burgos Nuila, mejor conocido con su alias “Nalo de Las Palmas”, uno de los principales cabecillas de la 18 R, quien ha sido criteriado en este caso.

“Nalo de Las Palmas”, presuntamente, fue uno de los operadores de la tregua que se encontraba en libertad e incluso portaba un carné que lo identificaba como “mediador del proceso de pacificación”.

De hecho, este fue uno de los pandilleros que aparece en el video que trascendió en redes sociales donde se encuentra el diputado Ernesto Muyshondt y el fallecido alcalde de Ilopango negociando para las elecciones presidenciales de 2014.

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