• Diario Digital | jueves, 25 de abril de 2024
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Sucesos - Prisión preventiva mientras se investiga

Cárcel para ocho miembros de una familia acusada de lavar $18,000,000

Hasta el momento solo uno de los implicados guarda prisión, tres residen en Estados Unidos y el resto serán detenidos en las próximas horas en El Salvador.

Familia que lavó 18 millones
Comparación de la casa propiedad de la familia, entre los años 2007 y 2016.
Cárcel para ocho miembros de una familia acusada de lavar $18,000,000

El juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra 8 miembros de una misma familia acusados de lavar $18 millones entre los años 2008 y 2014.

Tres de los implicados se encuentran en Estados Unidos, para los cuales se girará orden de difusión roja de la INTERPOOL. Estos son: Elías Geovanny Flores Batres, acusado de movilizar $289 mil; su esposa  María Verónica Rodríguez, quien de acuerdo a la Fiscalía movilizó $1.5 millones; y Rosa Batres viuda de Flores, quien movilizó $4.8 millones.

Los otros cinco implicados se encuentran en el país y serán detenidos en las próximas horas, Estos son: Jaime Adalberto Flores Batres, acusado de movilizar $2.3 millones; Sandra Yasmin Flores Batres  $190 mil; Sonia Maricel Amaya $869 mil; María Brígida Márquez $70 mil y Rosa Delmy Amaya Márquez $2.2 millones.

El pasado 26 de julio, la FGR ordenó allanamiento en los departamentos de Morazán, San Miguel y  La unión donde los miembros de la familia Flores Batres poseían bienes inmuebles.

Según la acusación del ministerio público, la familia pasó de vivir en una casa de bahareque y lámina a una lujosa vivienda en un periodo de seis años.

En aquel momento, aunque se giró orden de captura contra 9 miembros de la familia, solo fue detenida Jesús Anabel Flores Batres, quien fue enviada a prisión preventiva el pasado 29 de julio por el mismo juzgado. Los demás no fueron localizados. Sin embargo, de acuerdo a uno de los defensores la policía conoce el paradero de los implicados e incluso los "visitó, desconocemos por qué no los capturó. Nadie se ha fugado", aseveró.

Bienes inmuebles y 3 depósitos por $2 millones fueron congelados en el banco Accovi de R.L en San Miguel a nombre de Rosa Batres.

implicados

El inicio de las investigaciones

En 2012, Jaime Adalberto Flores Batres viajó a Perú con $196 mil en efectivo, para invertirlo en su  empresa inmobiliaria Jara Group S.A.C. De acuerdo a la defensa, la decisión de llevar el dinero en efectivo fue porque el proceso de transferencia a través de un banco se tardaría varios meses.

"Él justificó de dónde lo traía, de qué banco lo sacó, los papeles del retiro y para que empresa lo llevaba al Perú" aseguró el abogado defensor William Martínez, quien dijo que cuentan con toda la documentación para desvirtuar la acusación fiscal.

Sin embargo de acuerdo a la fiscal del caso, no se pudo establecer que esa cantidad de dinero fue obtenida de forma lícita y se notificó al ministerio público para que iniciara la investigación.

Martínez, abogado defensor de cuatro de los implicados, aseguró que el origen del dinero cuestionado por la Fiscalía fue obtenido a base de "toda una vida de trabajo en Estados Unidos" y no en un periodo de seis años.

De acuerdo a la defensa Jaime, Rosa y Elías emigraron hacia Estados Unidos en el año 1993, y se dedicaron a trabajar en el rubro de remodelación de casas, lo que les permitió adquirir permisos de construcción; 4 años después fundaron su empresa de compra y remodelación de viviendas en ese país, pero tras la recesión 2001 decidieron establecer una nueva empresa en Perú: Jara Group S.A.C. 

En ese país, asegura desarrollaron 3 proyectos millonarios  de construcción apartamentos, con una inversión de $16 millones producto de préstamos y el cierre temporal de la empresa en Estados Unidos.

Sin embargo de acuerdo a la FGR no se ha podido corroborar la existencia de ambas empresas: "no se ha podido constatar ningún elemento que sea suficiente o que pruebe la tesis de la defensa". Además según el ministerio público no se comprobó la existencia de transferencias bancarias del extranjero, ni de remesas.

La juez del caso dio 4 meses a la Fiscalía para continúe con las investigaciones. La audiencia preliminar se realizará en el mes de diciembre.


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