El Ministerio de la Defensa Nacional se desmarcó hoy de la responsabilidad de destruir documentación presuntamente clave, relacionada con supuesta violación a los derechos humanos que le imputa el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

El alto militar negó haber destruido archivo sobre operaciones militares de masacres durante la guerra civil.

En conferencia de prensa, el titular de la institución armada, David Munguía Payés se desmarcó de los señalamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sobre la destrucción del material histórico y apuntó que hay documentos que se perdieron durante el conflicto armado y otros que no existen porque las ordenes se daban en el momento, por ello, dijo, que se sienten "ofendidos en la dignidad colectiva" por las acusaciones en el caso.

Payés dijo que está información fue notificada hace tiempo al IAIP que les ordenó reconstruir los hechos o permitirles el acceso al Archivo General, por lo que apelaron la resolución a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que resolvió a su favor.

"La institución armada en ningún momento ha destruido archivos de valor histórico relacionados con el conflicto armado. Hemos destruido archivos de administración, como mandata la ley, con la presencia de dos miembros de las unidades militares, dos del archivo General de la Nación y un representante del Estado Mayor conjunto con la Fuerza Armada", dijo David Munguía Payés.

El general aseguró que en esa oportunidad sólo fueron destruidos libros de menú del capitán de cuartel, de llamadas de personas de tropa, informe de reuniones de trabajo y certificaciones de actas de bajas o defunción de esa época, sin embargo, dijo, "al destruir las actas no se destruyeron los libros", es decir, quedó el original. 

"Muchos de los archivos en referencia se extraviaron  en época de la guerra cuando se desmovilizaron algunas unidades y otros que la gente piensa que existieron, en realidad, nunca se llevaron los registros. Muchas ordenes se dieron de manera verbal y las operaciones militares se planificaban en el camino con mapas que no se archivaron", aseguró el jefe militar.

Payés además recriminó que este caso de solicitud, que data de octubre de 2013, le ha costado más de $20,000 a la institución por la búsqueda de la documentación, pago de abogado y atender los llamados, por lo que acusa al IAIP de exceder sus funciones.

Además dijo que darán una respuesta conjunta si el caso es judicializado, debido a que IAIP apuntó que las autoridades del Archivo General de la Nación y el Ministerio de Defensa habrían cometido los delitos como fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en custodia de documentos públicos.