Una fianza de $5,000 es el precio que debe pagar un defensor público por su libertad mientras dura proceso judicial abierto en su contra en el que es acusado de exigir dinero a uno a sus representados y por sobornar a una víctima de violación. Al sujeto se le decretó instrucción formal.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha concluido que Mario Sergio Crespín Cartagena, de 55 años, se ha valido de su cargo de coordinador del área penal de la Procuraduría General de la República de San Francisco Gotera para recibir beneficios económicos.

Según FGR, Crespín sobornó a una adolescente de 14 años para que no se presentara a declarar en contra del hombre que la violó y la embarazó. 

El sujeto convenció a la menor de entregarle una suma de dinero argumentando que si el hombre era condenado, no podría ayudarle con la manutención del bebé que resultó de esa agresión.

En otro caso investigado por el ministerio público se logró establecer que el defensor exigió $600 a uno de sus representados a quien engañó haciéndole creer que esa era la fianza que tenía que pagar para poder salir libre del proceso que se llevaba en su contra por el delito de organizaciones terroristas. La familia solo le entregó $200.

El procesado fue detenido el pasado lunes bajo los delitos de cohecho propio, el cual se establece en el momento en que exige una cantidad de dinero por un trabajo que debe hacer de forma gratuita y el de soborno al entregarle un pago a una de las partes para manipular el resultado del proceso.

Ambos delitos son vistos en una mismo proceso judicial por orden del titular del Juzgado Primero de Paz, pese a que la representación fiscal no estaba de acuerdo con esa decisión.