Las organizaciones encargadas de la búsqueda de víctimas y el reencuentro de familiares de desaparecidos, piden al gobierno la creación de una mesa para abordar el tema puesto una vez más en el tapete, luego de la derogación de la ley de amnistía.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, zanjó el camino para que víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, al fin puedan encontrar justicia y verdad; sin embargo, dependerá de la voluntad y agilidad del Estado que es el responsable de dar cumplimiento a esta resolución.

La Sala de lo Constitucional abrió la puerta para que se hiciera visible la reparación de daños y la petición de perdón por el Estado a las víctimas de los desaparecidos del conflicto que dejó más de 75,000 muertos. Los sobrevivientes y familiares descartan venganza, pero ven a bien la intención de usar los mecanismos legales de investigación fiscal para dar cristiana sepultura a sus seres queridos.

Organizaciones sociales pretenden realizar una comisión tripartita en la que se sienten las partes involucradas: Fuerza Armada y exguerrilla, para poder definir lo que harán ahora que la sentencia expuso las heridas que nunca se cerraron.

Blanca García, representante del Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador, Monseñor Romero (COMADRES), señaló que la institución cuenta con 8 mil casos documentados, ninguno de estos resuelto por las autoridades.

“La totalidad de los 8 mil casos con los que cuenta la institución no se pueden interponer porque son difíciles de documentar. Además el sentir y pensar de las madres que pertenecemos a los ocho organismos de búsqueda de desaparecidos no estamos en el interés de que se judicialicen y se lleven a la cárcel a todos los ejecutores de tanta masacre y desapariciones”, señaló.

El gobierno se pone a prueba con esta derogatoria

La propuesta que las organizaciones llevarán al gobierno es que se dé el espacio para que las víctimas digan cómo van a resolver la situación.

“No es cierto que se van a judicializar todos los casos, la madres pensamos que con meter a la cárcel a todos los responsables de los crímenes no vamos a lograr que regresen nuestros seres queridos, excepto en los casos de algunos sobrevivientes. Queremos que los hechores nos digan dónde están los restos de nuestros familiares para darles santa sepultura y que nuestras madres tengan ese consuelo”, indicó.

La entidad ha trabajado durante todo este tiempo en la atención a las familias afectadas por estos hechos y la búsqueda de sus seres queridos.

“Queremos que se abran campos genéticos, laboratorios para que nos puedan determinar quiénes son las personas que están en esas fosas comunes donde los dejaron. Esas son unas de las medidas reparatorias, eso es como una justicia restaurativa”, indicó.

Eduardo García, coordinador de Pro-Búsqueda explica que la institución continuará realizando su trabajo y resolviendo sus casos. Han pedido a la Fuerza Armada y exguerrilla que ayuden en la búsqueda de los cuerpos y no han obtenido respuesta al respecto, lamentaron. Estiman que hoy se pone a prueba al gobierno y que por primera vez se da la oportunidad de una verdadera reconciliación entre los bandos.

Pro-Búsqueda es una institución dedicada al reencuentro de niños (ahora adultos) con sus familias. La institución cuenta con 56 casos en sede fiscal y judicial, más de 30 a través de habeas corpus; así como 13 con sentencias interamericanas.

“Interponer más casos ya no podemos, tienen que resolver aunque sea uno de ellos porque tienen inundado de casos en la Fiscalía. Solo Pro-Búsqueda ha reencontrado a 960 niños con sus familias y tenemos menos recursos que el presupuesto mensual de la Fiscalía General de la República”, indicó Eduardo García.