Detenidos ayer por caso Rais han sido evaluados en Medicina Legal

Foto: Óscar Machón

Los siete detenidos han sido evaluados en Medicina Legal para determinar su estado de salud. La Policía no les permite recibir visitas.

Los detenidos ayer por el caso del empresario Enrique Rais han sido evaluados por personal de Medicina Legal para establecer las condiciones físicas en las que se encuentran y evitar un deterioro en su estado de salud.

Las evaluaciones, que tardan alrededor de hora y media, se realizan luego del pedido de los abogados defensores de los acusados, en especial del exfiscal general, Luis Martínez, quien asegura que su cliente padece de diabetes.

Esta mañana, abogados de los detenidos han llegado a las instalaciones de la División Antinarcoticos (DAN) para conocer la situación en la que se encuentran sus clientes.

Los abogados han manifestado que no han podido tener contacto con sus defendidos y que elementos de la PNC les han dicho que hay órdenes superiores para que los capturados no tengan visitas.

Uno de los defensores dijo a El Salvador Times que les han advertido que podrán tener contacto con los detenidos hasta el próximo jueves, cuando sean trasladados a los tribunales.

El abogado de Rais, Hernán Cortez, dijo que su cliente padece de hipertensión y amnea del sueño, pero que desconoce su estado actual ya que los encargados de su custodio lo remitieron a la Fiscalía para obtener una orden que le permita verlo, lo cual consideró "ilegal".

Cortez dijo que el empresario necesita recibir atención médica.

Hasta el momento los detenidos son los empresarios Enrique Rais, Hugo Blanco, el fiscal Julio Arriaza, el exfiscal general Luis Martínez, el exjuez Aurora Giamattei y los abogados Luis Peña y Wilfredo González.

El fiscal general, Douglas Meléndez, ha manifestado que se tienen pendiente la capturas de otros dos involucrados en este proceso.

Los señalados son acusados de presentar pruebas falsas en contra de la esposa del exabogado de Rais, Mario Calderón, para enviar a ambos a prisión por el delito de lavado de dinero, por un monto de $10 millones.