Aproximadamente 1,400 denuncias por del delito de extorsión se han hecho en lo que va del año, según lo informó el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Esto representa una disminución del 11% con respecto a lo que se reportó en el mismo periodo de 2015.

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) para el 30 de agosto reportaba 1,537 denuncias, mientras que para agosto de 2015 se reportaron 1,836. El ministro asegura la baja en la denuncias de extorsiones es considerable y demuestra que este delito se ha mantenido, al menos desde 2010, a la baja en las denuncias de manera sostenida.

Ramírez Landaverde asegura que uno de los factores más importante que ha permitido disminuir la incidencia de extorsiones en el país se debe a la implementación de medidas extraordinarias en los centros penales del país que comenzaron a aplicarse desde el 1 de abril pasado.

Para el funcionario cortar las comunicaciones desde y hacia los centros penales del país ha jugado un papel determinante para evitar que desde ahí se coordine y se dirijan crímenes. “En el ámbito de la extorsión es uno de los aspectos positivos que se tiene que ya toda la presión que se ejercía desde los penales de El Salvador ha venido reduciéndose”, aseguró.

De hecho, si las cifras continúan a la baja, el ministro estima se cierre el año con números más positivos de los registrados en años anteriores. Al final de 2015 se reportaron 2,121 denuncias, un 13% de las 2,438 que se registraron en 2014. 

Sin embargo, un problema con el que aún batallan las autoridades de seguridad son las cifras negras, es decir, la cantidad de extorsiones que se dan en el país y no se denuncian. Ya con esta cifra “desconocida” no se puede determinar si verdaderamente el delito ha disminuido en el país, ya que solo se toma en cuenta las denuncias que se hacen.

“Muchas personas no exponen su problema o no buscan las instituciones o no se decide a participar activamente en los casos”, admitió el ministro. En ese sentido, aseguró aún hay mucho trabajo por hacer.

Pero las autoridades se muestran optimistas y aseguran que las medidas extraordinarias deberán mostrar frutos más contundentes para revertir la curva de este delito en el país que le cuesta millones de dólares a los salvadoreños cada año.

Un informe presentado a finales de abril de este año por el Banco Central de Reserva (BCR) reveló que en 2014 el costo económico total de la violencia ascendió a $4,026.3 millones; es decir un 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. De esa cantidad, alrededor de $756 millones fue el costo por el delito de extorsión.