Una lotificadora ha sido acusada de estafa por parte de 57 comunidades, quienes compraron lotes al crédito pero no recibieron escrituras de las tierras. El abogado de Argoz, S.A. de C.V., la empresa demandada, asegura que su cliente está dispuesto a tramitar las escrituras a siete comunidades; sin embargo existen 50 lotificaciones más cuyos propietarios se han resignado a vivir en un terreno por el cual solo les extendieron un recibo como comprobante.

Habitantes de la comunidad Las Brisas 2, ubicada en Santo Tomás, aseguran haber pagado cuotas de $20 y $40 durante 20 años por terrenos valorados en $1,500 y que no cuentan con ningún documento que los acredite como propietarios de dichas parcelas.

Como justificante, la empresa señala que el Centro Nacional de Registros (CNR) tarda demasiado tiempo en realizar el trámite de traspaso. Además, sostienen que desde hace varios años la propietaria de algunos de los terrenos murió y que se necesita la firma de los herederos de ella para poder iniciar el proceso.

A la audiencia celebrada ayer en un tribunal especializado de San Salvador solo se hicieron presentes representantes de siete de las 57 comunidades que presentaron la demanda; esto debido a que la mayoría desistió al ver que el proceso era retrasado por los demandados, quienes poseen 510 lotificaciones más, según el Ministerio Público.

"Hay gente que desconoce la situación y que no están conscientes que hay problemas con Argoz. La mayoría no quiere hacer nada esperanzados que al terminar de pagar les den sus escrituras, cosa que nosotros ya vimos que no va a pasar", aseguró un directivo de Las Brisas 2, quien pidió no dar a conocer su nombre.

Otra de las denuncias que realizan los pobladores de esta comunidad es la falta de apoyo -que fue ofrecida por la empresa al momento de venderles los lotes- para el desarrollo de la zona en la que estaban adquiriendo el terreno para construir sus viviendas. "Cuando nos vendieron nos prometieron calles, luz, agua y de eso nada, ahorita hay luz por esfuerzo nuestro con las alcaldías", remarcan varios de los habitantes.

Abogados consultados por El Salvador Times explicaron que la venta que realizó la empresa en Las Brisas 2 no es legal, ya que carece de una evaluación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para garantizar la seguridad de sus habitantes, además de carecer de un catastro y estar ubicadas en zonas de alto riesgo.

La resolución del juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, donde se ventila el caso, estableció que a partir de este sábado Argoz tendrá que extender escrituras para garantizarles que nada ni nadie los sacará de su lugar de residencia. 

La empresa se comprometió con los habitantes de Las Brisas 2 a cumplir con la sentencia; sin embargo les advirtió que van a tener que esperar hasta 2018 ya que ese es el tiempo establecido, según la ley, para otorgar escrituras.

Los habitantes de las otras 50 comunidades, quienes continúan pagando sus cuotas, no se han pronunciado ni se han presentado ante los tribunales para dar seguimiento a la demanda, la cual fue presentada en 2011.