El excónsul de El Salvador en Nevada, Estados Unidos, es señalado de haber facilitado y empoderado a su asistente para que esta pudiera realizar un robo de más de $40,000 producto de la venta de pasaportes a salvadoreños en dicho Estado.

El exfuncionario, por su parte, señaló que él solamente delegó responsabilidades de acuerdo a la ley, y que no tenía control de su subalterna.

De acuerdo a la investigación fiscal, Óscar Salvador Benavides Gutiérrez, centró todas las funciones en Ruth Elizabeth Brizuela Castillo, quien fungía como asistente administrativa y quien llegó a tener el control total de las oficinas salvadoreñas.

Benavides Gutiérrez se desmarcó de los señalamientos hechos en la acusación alegando que actuó bajo lo establecido por las leyes y que esto era del conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En febrero de 2004 y bajo la administración del expresidente Francisco Flores, Benavides Gutiérrez fue nombrado como cónsul general para velar por los derechos de los salvadoreños radicados en el Estado de Nevada. Con la entrada al poder de Elías Antonio Saca, el funcionario fue ratificado en su cargo.

Según lo detallado por la fiscal del caso, para el año 2005 fue nombrada como vicecónsul Rina Yolanda Medina Navarrete, quien desde su llegada a la oficina consular detectó irregularidades en el trabajo del funcionario.

Al ver que Medina comenzaba a informar a sus superiores en El Salvador, Benavides optó por bloquear el trabajo de esta, a quien incluso dio órdenes para que no se le entregara una computadora para trabajar.

Vía telefónica la vicecónsul informó de las irregularidades detectadas, pero la cancillería de esos años no se interesó en el caso, algo que le permitió a Brizuela seguir teniendo el control administrativo y económico.

De acuerdo con lo manifestado por la vicecónsul, la asistente era la encargada de manejar la caja colectora, caja chica, pagaduría, realizar compras y manejar las especies fiscales, es decir la información de los salvadoreños que se avocaban a dicha oficina consular.

Las denuncias de Medina no tuvieron eco y rápidamente fue trasladada al consulado de Los Ángeles.

Fue hasta finales de 2011 que una auditoria de la Corte de Cuentas alertó del manejo realizado por Benavides y su asistente, cuando estos tenían dos años de haber renunciado al cargo.

Según un peritaje realizado por el ente contralor –a pedido de un juzgado de instrucción- Benavides avaló los reportes en los que su asistente informaba a Cancillería de la facturación de pasaportes que de 2004 a 2008 fueron 10,540 documentos.

Este informe final contrastó por el emitido desde la dirección de Migración y Extranjería, quien informó que durante este mismo periodo del cónsul en cuestión se emitieron un total de 11,076 pasaportes.

Los 536 documentos no facturados, reflejan un faltante de $31,908 a los que se les suman otros $8,669 que no se pudieron justificar en qué fueron invertidos durante la última administración consular de ARENA en dicho Estado.

La jueza del tribunal Sexto de Sentencia celebró el juicio miércoles de esta semana y dará a conocer el fallo del caso el próximo viernes 2 de diciembre.