Mario Calderón fue absuelto del delito de extorsión por el cual había sido acusado por el  empresario Enrique Rais, y por el cual ha estado detenido el penal de Metapán desde julio de 2015.

El exempleado del millonario empresario continuará detenido mientras sigue siendo procesado por el delito de lavado de dinero, otro cargo por el cual fue demandado por su antiguo jefe, Enrique Rais.

La vista pública se desarrolló sin la participación de la querella, que ayer presentó una apelación para que el juicio fuera aplazado. Tras la negativa de la jueza Segundo de Sentencia, María del Pilar de Archila, los abogados la recusaron y en horas de la tarde abandonaron el juicio, atendiendo órdenes de Rais.

En el segundo día de audiencia, ninguno de los cinco testigos propuestos por la Fiscalía se presentó a declarar. Entre ellos figuraba el perito del Instituto de Medicina Legal, Nestor Recinos, por lo que la jueza prescindió de sus testimonios y procedió a la incorporación de las pruebas documentales.

La prueba documental fue cuestionada por la Defensa, por no cumplir con los requisitos, ya que algunos documentos eran copias, mientras que otros estaban incompletos.

La Fiscalía habría confiado en las pruebas documentales y periciales por lo que solicitaron sentencia condenatoria en materia penal y civil. "Pero si su digna autoridad utilizando la lógica y la sana crítica difiere de la petición fiscal, solicitamos la sentencia que considere pertinente", manifestaron a la jueza.

Por su parte, los abogados de Mario Calderón solicitaron un informe al juzgado Quinto de Instrucción del resultado de un peritaje sicológico, del cual los fiscales solicitaron la exclusión probatoria; es decir, que ya no se tomara en cuenta.

En su resolución la jueza valoró la no comparecencia de la supuesta víctima, así como la ausencia de los testigos ofertados por la querella y Fiscalía. 

Fiscales ignoraban que prueba había sido cuestionada en Fiscalía

Los fiscales encargados de demostrar la culpabilidad de Calderón desconocían que una de las pruebas presentadas por la querella durante la vista pública fue cuestionada por la misma Fiscalía en otro proceso similar.

Enrique Rais denunció a su exabogado y hombre de confianza, Mario Calderón, por el delito de extorsión por 4 millones de dólares y extorsión tentada por un monto de 25 millones de dólares. La misma denuncia fue interpuesta contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, con quienes Rais se disputa las acciones de la empresa MIDES, que  maneja los desechos sólidos de más del 90 municipalidades del país. Los casos son ventilados en diferentes juzgados.

Calderón apuntó que él solo recomendó a Rais pagar la deuda que poseía con los canadienses.

Como parte del proceso que se lleva contra los canadienses, en el juzgado Quinto de Instrucción se presentó como prueba un peritaje psicológico realizado a Rais, para establecer las afectaciones sufridas a raíz de la supuesta extorsión. Dicho examen fue realizado por el psicólogo forense Néstor Recinos, quien enfrenta un proceso judicial por haber vendido peritajes  a favor de Rais por un monto de $5,000.

Tras las investigaciones contra el psicólogo -quien huyó del país-, los fiscales en el caso Rais-canadienses pidieron retirar como prueba el peritaje realizado por Recinos, porque les generaba dudas su veracidad; a pesar de ello ese mismo peritaje fue ofertado por la querella y avalado por la Fiscalía como prueba en la vista pública en el juzgado segundo de sentencia contra Mario Calderón.

"Nosotros en particular en este caso desconocíamos que el peritaje había generado sospechas o dudas en el quinto de instrucción. Nos dimos cuenta hasta el día de la audiencia cuando el señor (Mario) Calderón solicitó que se rindiera un informe", justificó el fiscal del caso José Aníbal Ábrego.

Dicho peritaje concluye que Rais sufrió  "afectación psíquica y emocional a nivel agudo; de tipo reactivo al motivo de la denuncia, lo cual corresponde con lo manifestado por personas que han estado expuestas a procesos de violencia psíquica o emocional de larga duración, por lo que se recomienda tratamiento psicológico de largo plazo".

"La Fiscalía debe revisar seriamente sus procedimientos internos de investigación y de coordinación", apuntó al respecto uno de los abogados de Mario Calderón, Pedro Cruz, quien además señaló que esperaban que la Fiscalía "hubiera pedido la absolución porque no habían pruebas" contra su cliente.

A pesar de que el informe del peritaje del juzgado Quinto de Instrucción fue agregado al proceso contra Calderón durante la vista pública y que ninguno de los testigos ni la víctima se presentaron a testificar, la Fiscalía insistió en que habían pruebas suficientes que incriminaban al imputado; por ello solicitó condenarlo a 35 años de prisión más el pago de 4 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. 

Durante sus alegatos finales que duraron un minuto, los fiscales del caso consideraron que con la prueba documental y pericias que fue incorporada al proceso habían elementos suficientes para comprobar el delito y la participación de Calderón en el mismo; sin embargo, dijeron a la jueza que si "utilizando la lógica y la sana crítica difiere de la petición fiscal solicitamos la sentencia que considere pertinente".

En su resolución, la jueza María del Pilar de Archila determinó que no habían suficientes pruebas para emitir una sentencia condenatoria. "Ante la no comparecencia de la víctima, ni de los testigos, ni peritos que fueron ofertados por la querella y la parte fiscal no se han podido corroborar los conceptos vertidos en las acusaciones", determinó la jueza, quien absolvió a Calderón.

Sin embargo Mario Calderón fue enviado nuevamente al penal de Metapán donde guarda prision desde hace 14 meses, debido a que aún enfrenta un proceso judicial en el juzgado Noveno de Instrucción por el delito de lavado de dinero.