Una de las consecuencias del terror que se vive en el país, considerado “uno de los más violento del mundo”, es el desplazamiento forzado de familias que huyen de sus hogares hacia otros sitios porque reciben amenazas de muerte de parte de pandillas. El problema no es registrado por las instituciones estatales y en consecuencias las víctimas no son atendidas.

“El problema de los desplazamientos forzados es invisibilizado por el Estado al no contar con un registro especializado de las víctimas ni con un fondo destinado a la restablecimiento de sus derechos vulnerados”, dijo Celia Medrano, miembro de la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia Generalizada y Crimen Organizado en El Salvador, en la presentación de un informe que recopila 15 testimonios de personas que han padecido este trauma.

Los escasos registros que se tienen de esta situación son recopilados por instituciones extranjeras, como el Consejo Noruego para los Refugiados, que presentó un informe mundial correspondiente al 2014 en el que se divulgó que aproximadamente 289 mil salvadoreños se encontraba en condición de desplazamiento forzado dentro del país.

La Mesa de Sociedad Civil ha dado atención a 385 víctimas en el periodo agosto 2014 a diciembre 2015.

Sin embargo, tener un dato preciso actualizado no es posible debido a que una gran parte de los salvadoreños que atraviesan esta situación no denuncian por temor a que los mareros los maten a ellos y a sus familias. Otro de los motivos para no poner la denuncia es que las víctimas creen que en la policía hay miembros de pandillas que podrían ubicarlos.

“La víctimas no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades, porque los mismos agresores, que usualmente son pandilleros, les dicen que si los denuncian los van a asesinar a ellos y todos sus familiares”, según la investigadora de migración interna y externa de la Universidad Tecnológica de El Salvador, Elsa Ramos.

La violencia pandilleril dejó un promedio de 300 víctimas mortales durante junio pasado, y en lo que va del año 3,016.

El informe de la Mesa señala además que situaciones como la “renta” o extorsión, el reclutamiento de jóvenes para hacerse miembros de estructuras criminales, el reclutamiento de mujeres como esclavas sexuales y otras amenazas, hacen que miles de familia se muevan continuamente de sus residencias, intentando ponerse a salvo.

Otras de las modalidades del desplazamiento forzado son las que generan las autoridades con el accionar represivo que abarca incluso a personas que no tienen vínculos en las pandillas. “Hemos detectado que hay muchos casos de detenciones y retenciones arbitrarias que los policías hacen”, dijo Medrano.

De igual forma, explicó que la gravedad de esta situación es que toda la familia debe desarraigarse, dejar sus vidas, pertenencias y buscar nuevos empleos, nuevas escuelas para los hijos; una situación que se ve complicada por el mero hecho de llegar de una zona conflictiva.

“Hemos documentado casos de jóvenes que en las entrevistas de trabajo han sido cuestionados sobre si son pertenecientes a una pandilla, son desnudados para verificar si tienen tatuajes e incluso sometidos al polígrafo, una situación que daña su integridad”, lamentó Medrano.

Es por ello que la Mesa exige al gobierno que “debe dejar de ignorar a estas víctimas de la violencia, debe establecer un plan de registro y finalmente establecer leyes y fondos que permitan la atención y el restablecimiento de sus derechos”, enfatizó ña representante de la organización civil.