El Salvador ha vivido uno de los fines de semana más sangrientos —con más de 50 asesinatos— en medio de una cuarentena contra el coronavirus y rencorosas disputas políticas entre el Gobierno y la oposición que han desempolvado mutuas inquinas: los unos acusan de ineptitud al gabinete de Nayib Bukele y los otros lanzan el dardo infiriendo que desde las trincheras de “los mismos de siempre” se alimenta al terrible monstruo de las pandillas, un monstruo de varias cabezas al que el mismo mandatario ha ordenado combatir con la fuerza de la letalidad si es necesario, y cuyas consecuencias legales ha prometido neutralizar con asistencia jurídica para policías y soldados que disparen de muerte al enemigo.

Este repunte de crímenes se inició el viernes 24, cuando fueron reportados 23 homicidios en todo el día, es decir, que por cada hora transcurrida un salvadoreño era asesinado en cualquier punto del territorio.

Esta racha de homicidios obligó al gobierno a tomar las primeras acciones para frenarla, una de ellas fue declarar emergencia máxima en los penales donde se encuentran recluidos pandilleros, pues las autoridades consideraron que era de donde salían las órdenes para cometer los homicidios, lo cual dio a pasó a incrementar las restricciones para los cabecillas de pandillas y mezclar mareros rivales en la misma celda.

“Director Osiris Luna Meza, ordene emergencia máxima en todos los Centros Penales de pandilleros, por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí. Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras se realizan los operativos policiales”, fue la orden del presidente Bukele desde cuenta de Twitter a las 11:26 de ese viernes.

Fuerza letal para detener los crímenes

Sin embargo, pese a las disposiciones del mandatario los hechos sangrientos continuaron el sábado 25 y se prolongaron hasta la noche del domingo 26 sumando más de medio centenar de asesinados.

Los registros oficiales indicaban que hasta las 6:30 de este domingo 18 homicidios habían sido cometidos.

Los criminales arreciaron los ataques contra la población y los blancos fueron “cualquier” tipo de ciudadanos, entre los cuales había empleados municipales, vendedores informales, ciudadanos comunes y hasta pandilleros.

Ante lo ocurrido, la estrategia del gobierno cambió y el Presidente autorizó a policías y militares “el uso de la fuerza letal” para defender sus vidas y la de la población.

“Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, comentó Bukele en un tuit.

Acto seguido expresó: “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”.

Gobierno respaldará legalmente a policías y militares por su actuar

En esas circunstancias el gobierno le garantizó a policías y militares que serían respaldados legalmente ante cualquier tipo de señalamientos “injustificado” por su actuar.

“El Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”, expresó Bukele, en tanto que pidió a la Fiscalía procesar a los “aliados de las pandillas”. El problema de seguridad pública volvió a tener matices políticos.

“Instamos a la oposición a que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo”, fue el llamado de Bukele.

Esta hipótesis también fue secundada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, quien aseguró que el repunte de homicidios a nivel nacional tiene tintes políticos.

“Nuestro país está sufriendo a nivel nacional un aumento de homicidios, pareciera que les han dado órdenes de tipo político, para obligar a nuestro gobierno a tomar medidas de emergencia, y después criticarnos por defender la vida de los salvadoreños con toda nuestra fuerza letal”, expresó el funcionario.

Ante la alza de hechos violentos Rivas advirtió: “A los autores intelectuales y materiales de esta embestida criminal, no se equivoquen, les advertimos: los vamos a identificar, capturar y castigar con todo el peso de la Ley”.

Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, se reunió de emergencia con otros mandos de la Policía para contrarrestar el accionar de los criminales.

Mientras que el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, atendió las indicaciones del presidente. “Señor Presidente Nayib Bukele la Fuerza Armada dará cumplimiento a su orden en defensa de la población honrada de nuestro país. Seguiremos apoyando a la PNC en este esfuerzo”, externó Merino Monroy.

Críticas a los planes de seguridad del Ejecutivo

La racha de homicidios de las últimas 72 horas generó todo tipo de críticas hacia los planes de seguridad del gobierno, sobre todo, por la cantidad de fondos que le fueron asignados para combatir la criminalidad.

“Grave repunte de homicidios evidencia el lamentable fracaso del Plan Control Territorial, para el que se aprobaron decenas de millones de dólares. ¿Hubo Plan?”, cuestionó el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

“Es triste constatarlo, pero todo indica que se trata del final de una tregua pactada desde el GOES con las mafias criminales llamadas ‘pandillas’, expresó el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, exdirigente del FMLN.

Ambos utilizaron sus redes sociales para realizar estos señalamientos.

Cifras de la muerte

Reportes oficiales detallados este domingo indican que la zona oriental fue una de las más golpeadas por este repunte de hechos sangrientos.

A continuación se detallan algunos municipios donde fueron confirmados asesinatos: Cacaopera y Corinto en Morazán; Jiquilisco, Usulután; Chapeltique, Moncagua y ciudad de San Miguel; San Julián en Sonsonate; Nueva Concepción en Chalatenango; Cojutepeque, Cuscatlán; Colón, La Libertad; Tecoluca, San Vicente; Santa Rosa de Lima, La Unión; y Santo Tomás en San Salvador.

En algunos de los casos las autoridades informaron que las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban en circunstancias más bien comunes, como por ejemplo, un ciudadano al que le dispararon cuando se dirigía a comprar a una tienda cerca de su casa en San Miguel.

Un fin de semana para el olvido.