El fiscal general de la República, Raúl Melara, señaló a la Policía Nacional Civil (PNC) de intentar obstaculizar el procedimiento que la Fiscalía estaba realizando en las instalaciones del Ministerio de Salud.

La FGR lleva una investigación por los fondos utilizados por Salud en la pandemia, y se requería la búsqueda de documentación en la sede de dicho ministerio, pero inicialmente no tuvieron la colaboración que esperaban por parte de la Policía.

El jefe del ministerio público se refirió a los hechos ocurridos en la entrada de Salud y el actuar de la Policía como “irregulares”.

“Un procedimiento en el cual se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de fiscales al ministerio para poder seguir realizando la investigación”, dijo en Frente a Frente.

La información que Melara recibió es la siguiente: “Se conversó con un comisionado (de la PNC), él manifiesta que lo que iban a hacer era tomar control perimetral a solicitud del ministerio de Salud de las instalaciones y que no van a interferir dentro del proceso y al final eso es lo que sucedió”

También desmintió algunas publicaciones que aseguraban que los fiscales no tenían una orden judicial que amparara la requisa. “Es totalmente falso, hemos presentado no solo las órdenes de registro, sino que las ampliaciones, hasta esta fecha se continúa realizando el procedimiento en algunas instituciones y en algunas otras ya terminó”, apuntó el funcionario.

Dijo que se está a la espera de un informe que le van a hacer llegar los fiscales que participaron en el allanamiento para analizarlo.

La colaboración de la CICIES

Melara dijo que los allanamientos realizados en los últimos días son resultado del convenio de colaboración firmado entre la FGR y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

“La CICIES ya llevó a la Fiscalía los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo (…) recordemos que CICIES ha estado realizando auditoría en todo el proceso de adjudicación de fondos públicos relativos en la pandemia”, explicó.

Dentro de la investigación no solo se ha requerido información de oficinas gubernamentales, sino que de empresas proveedoras (a las que el Estado les compró) durante la pandemia.

“Esto debe de enmarcarse en algo rutinario, para verificar la existencia o no del cometimiento de un delito”.