La Fiscalía General de la República no pudo más y salió esta tarde a revelar qué tan profundo es el hoyo financiero que tiene.

Quien sabe cómo están las cuentas es el gerente general, Edwin Molina, que reveló que la institución que combate a la delincuencia y que incluso se encarga de perseguir a deudores del fisco debe a proveedores al menos $4.9 millones desde 2016.

Y la deuda sigue sumando: "en el 2017, ya debemos 217,000 dólares. No podemos seguir así", alertó el funcionario, por lo que solicitaron de urgencia al menos $22 millones, para operar.

La situación parece tan crítica que Molina dijo que ya nadie quiere trabajar con una institución deudora: "Ninguna empresa ha querido ofrecernos servicios de comunicación, talleres, gasolina, porque no les pagamos en tiempo", dijo Molina.

La Fiscalía ha dicho que tanto el Ministerio de Hacienda y la misma Asamblea Legislativa tienen conocimiento de esta precaria condición.

Una deuda con el proveedor de combustible podría provocar un paro "en la operatividad" en diferentes oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución, a través de su cuenta de Twitter, dejó entrever que no se tienen las facilidades para honrar esta deuda, la cual es primordial cumplir para que fiscales se puedan movilizar. El total de lo adeudado es de $307,489.86.

Sin combustible para los vehículos asignados, los representantes del ministerio público no podrían hacerse presente a reconocimiento de escenas de delito, citas de procesos judiciales y otras diligencias.

A inicios de este año el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que con el presupuesto que se les designó para este año solamente se podría cumplir con cinco meses de trabajo.

Por deuda de $307,489.86 que se tiene con proveedor de combustible, existe posibilidad que FGR paralice operatividad en algunas oficinas.

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 21 de febrero de 2017

 

En agosto de 2016, Meléndez dijo que había pedido que para este año se le duplicara el presupuesto que era de 44 millones de dólares. Sin embargo, no tuvo éxito. El fiscal general Meléndez considera que el Ministerio Público debe administrar su propio presupuesto, para no estar dependiendo económicamente del Estado, como lo goza la Corte Suprema de Justicia.