Sucesos - Santa Tecla
Fiscalía presenta demanda contra Douglas Avilés y su esposa por enriquecimiento ilícito
Del medio millón que el exdipútado tiene en su patrimonio, un poco más de $300,000 no pudieron ser aclarados en su declaración de probidad, según la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta tarde la acusación formal contra el exdiputado Douglas Áviles y su esposa, Brenda Quezada de Mejía, por el delito de enriquecimiento ilícito, esto luego que no pudiera justificar unos $308,000 en su declaración patrimonial.
Los representantes del ministerio público presentarán la documentación necesaria para que se inicie el juicio civil en contra del exparlamentario ante la Cámara de lo Civil de Santa Tecla.
A finales del año pasado los magistrados decidieron ordenar la apertura del proceso civil contra Áviles y su esposa debido a irregularidades detectadas en su declaración de probidad al abandonar el cargo.
De acuerdo al informe que se conoció en corte plena, el exfuncionario y su esposa no pudieron justificar $307,990.93.
El jefe de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), Andrés Amaya, mencionó que se ha solicitado información a instituciones como el Centro Nacional de Registros a fin de determinar si la pareja posee propiedades para solicitar el congelamiento de estas, lo que se hace para asegurar que, en caso que haya una condena, reparen los daños ocasionados.
Amaya mencionó además que se harán las averiguaciones pertienentes para determinar si tienen cuentas en el extranjero y así solicitar su congelamiento. De momento, hay tres cuentas bancarias en El Salvador que han sido inmovilizadas.
En el informe revelado por los magistrados se explica que en el periodo en el que Áviles fue diputado su patrimonio ascendió a $528,000, cantidad de la que solo se encontró justificación en un poco más de $217,000.
En caso sea comprobada la responsabilidad del exdiputado, y por tratarse de un juicio civil, se verá obligado a entregar al Estado los casi $308,000, además no podrá optar por cargos públicos durante 10 años. Este delito no es penado con cárcel.
Áviles es el segundo diputado implicado a este tipo de proceso; el legislador por el PCN, Reynaldo Cardoza, también se encuentra a la espera de una resolución por hechos similares.
En redes sociales el funcionario se mostró inconforme con la forma en la que la Corte Suprema de Justicia ha procedido en su contra, ya que consideró que el tiempo que se le brindó para aclarar las dudas sobre su patrimonio no fue muy amplio.
