La Fiscalía General de la República (FGR) consignó en el requerimiento (acusación) del caso Tregua -en el que están siendo procesadas 22 personas- que los implicados cometieron diversos ilícitos como la introducción de aparatos prohibidos, reducción de controles a los reos y sus visitantes y hasta permitir que en los recintos ingresaran discotecas y comida rápida que en realidad eran fachadas para la introducción de objetos prohibidos.

En el expediente, la Fiscalía admite que quien coordinaba la tregua entre los principales cabecillas de maras y pandillas era el general David Munguía Payés, entonces ministro de Justicia y Seguridad, con el aval del expresidente Mauricio Funes, sin embargo, ninguno de los dos está incluido en la acusación.

Uno de los fiscales del caso explicó que el motivo para no incluir a los exfuncionarios es que en ese entonces este tipo de estrategias (pacto con maras y pandillas) no eran penadas por la ley. No ocurría lo mismo con la introducción de ilícitos y faltas al deber al suavizar los controles de acceso; por ello, los implicados son investigados mayormente por estos dos delitos.  

“Para ese entonces, ese tipo maniobras o acuerdos no era penado por la ley, en tanto que la persona que pudo haber ideado esa estrategia en ese entonces no era un hecho calificado como delito”, explicó el fiscal.

Pactar con criminales ahora sí es delito

Fue hasta el 25 de agosto de 2015 que la Sala de lo Constitucional en una sentencia determinó que los miembros de pandillas y maras son considerados terroristas, así como sus facilitadores y colaboradores. Sin embargo, la tregua se gestó y se llevó a cabo entre 2012 y 2013.

El fiscal explicó, sin embargo, que aunque estos pactos no eran condenados por ley, durante el tiempo que se desarrollaron sí se llevaron a cabo algunas acciones calificadas como delitos. “Lo que estamos procesando en este momento son los hechos que se califican como delito y que fueron cometidos en el tiempo de la tregua”, reiteró.

Con este argumento, se estaría dejando por fuera a los altos mandos que habrían dispuesto las políticas públicas para facilitar la tregua. Por esa razón, la Fiscalía ha argumentado que no tiene la suficientes pruebas para imputarle delitos tanto a Funes como a Munguía Payés, en tanto que haber planificado y coordinado la tregua no era en ese momento un delito.

En este sentido, por ejemplo, la permisibilidad que se tuvo para que se introdujeran objetos ilícitos a los centros penales sí es un ilícito, así como las irregularidades en la que se dieron los traslados de cabecillas de pandillas que estaban en el penal de máxima seguridad y se llevaron al régimen ordinario.

También, acciones como dejar entrar discomóviles a los penales y teléfonos celulares en cajas de Pollo Campero o pizzas.

Para el fiscal, este tipo de acciones que se dieron durante la tregua solo ayudó al empoderamiento y fortalecimiento de las pandillas. “Se han reorganizado, volvieron a tomar la cabeza los líderes que se encontraban recluidos, así como también les sirvió para que estos pudieran reagruparse, volver a tomar control de territorio y poder obtener nuevo armamento”, expuso.

Fiscalía: Mijango bajaba y subía homicidios a su antojo

Ayer se desarrolló el cuarto día de audiencia preliminar en contra de 22 implicados en el caso Tregua, en el que la Fiscalía finalizó su intervención en la que aportó las últimas pruebas al proceso.

El fiscal pidió se incorporara documentación que prueba la falsedad ideológica de algunos miembros del equipo técnico y criminológico, que habrían dado el aval para que 30 cabecillas de pandillas dejaran el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como “Zacatraz”, y fueran llevados a penales del régimen ordinario, ocurrido en 2012.

De igual forma, se planteó como el testigo criteriado, identificado como Carlos Eduardo Burgos Nuila, un cabecilla de la pandilla 18 conocido por alias “Nalo”, brindó detalles de las reuniones que se sostuvieron en los centros penales, en las que el principal mediador de la tregua, Raúl Mijango, les habría prometido estos traslados.

También se expuso ante la jueza como Mijango era quien ordenaba como se movían los índices de homicidios. Por ejemplo, si el Gobierno quería alejarse del plan de la tregua este buscaba acrecentar el número de muertes.  

Estas pruebas se incorporarán a los videos y audios que ya fueron ofertados, así como a los más de 25 testigos entre criteriados y peritos que ha ofrecido la Fiscalía. Quedará en manos de la jueza del Juzgado Especializado de Instrucción “A” si incorporarlas o no.

Defensa: funcionarios solo cumplían órdenes  

Al menos seis abogados de la defensa iniciaron su exposición en este cuarto día de la audiencia preliminar, quienes intentaron desestimar los argumentos de la Fiscalía. A criterio de los abogados no se puede determinar que hay un cometimiento de delito cuando solo están siguiendo órdenes, ya que todos los exfuncionarios que están siendo señalados obedecían a mandatos de sus superiores.

Para el caso del defensor del exdirector del penal de Cojutepeque, Rigoberto Palacios Carrillo, a quien se le imputada el delito de incumplimiento de deberes y tráfico de objetos ilícitos, sostuvo no se puede determinar que estos delitos se cometieron, en primer, lugar porque no es un ente autónomo que cumplía sus deberes al acatar órdenes.

Asimismo, justificó que aunque se señala que en Cojutepeque ingresaron en varias ocasiones discomóviles y comida rápida, Palacios solo transmitía la petición hacia sus superiores, quienes las avalaban.

Por otro lado, el defensor del exdirector de Zacatecoluca, José Roberto Castillo Díaz –a quien se le imputa agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos-  y el inspector de la policía, Luis Alonso Aguilar Marín, a quien se le acusa de agrupaciones ilícitas también dejó ver que solo obedecían a sus superiores.

Expuso que a sus clientes se le dieron los recursos, dinero y logística para implementar estos hechos. Asimismo, ofreció como pruebas una memoria USB en la que se encuentra el video en el que Funes habla ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que asegura que la tregua es una política para disminuir la violencia.

Asimismo, ofreció un video en el que Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad, da un discurso ante la ONU, donde da detalles de cómo se coordinó y se implementó la tregua.

La audiencia continuará este martes, en la que se espera que la jueza continúe escuchando a los demás defensores.