• Diario Digital | jueves, 22 de febrero de 2024
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Sucesos - Riesgo de fuga

Gobierno dará bienvenida y atención médica a pandilleros deportados de EE.UU. y espera que no le mientan en las entrevistas

El denario de ideas del Gobierno, demanda la participación activa de la Fiscalía General de la República, cuyo titular ha alertado que el mismo Gobierno no le aporta el recurso financiero que necesita para trabajar en conjunto.

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Imagen de referencia.
Gobierno dará bienvenida y atención médica a pandilleros deportados de EE.UU. y espera que no le mientan en las entrevistas

Compartir información con Estados Unidos sobre los pandilleros que deporta, meterlos a un albergue para que reciban asistencia médica y tomarles entrevistas con la esperanza que digan la verdad sobre su situación en las pandillas son algunas de las medidas que impulsará el gobierno salvadoreño para afrontar la crisis de la deportación de pandilleros que vienen desde la Unión Americana a suelo salvadoreño, con el riesgo de aumentar la delincuencia que dicha realidad representa.

Esto según información oficial a la que ha tenido acceso El Salvador Times y otros medios de comunicación.

El no poder garantizar que los pandilleros admitan que son miembros de estructuras criminales, aunado a la falta de condiciones legales y económicas en el país son algunos de los retos que debe afrontar el llamado plan que propone el Gobierno para enfrentar una posible repatriación masiva de delincuentes desde Estados Unidos.

La propuesta presentada ante la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa busca crear mecanismos legales para obligar a los pandilleros retornados a que admitan su afiliación a las estructuras criminales y someterlos a un sistema de vigilancia.

Este planteamiento presupone que los repatriados tengan la plena voluntad de colaborar con las autoridades de seguridad del país, pero eso no garantiza que todos estén dispuestos a hacerlo, si se toma en cuenta que ya, en Estados Unidos, se les ha comprobado que son capaces de sobrepasar las leyes con el fin de conseguir sus objetivos.

Por otra parte, se advierte que las autoridades de Seguridad de El Salvador deberán realizar cruces de información con el país del norte para comprobar que las declaraciones presentadas por los delincuentes son o no falsas.

El titular del ministerio público, Douglas Meléndez, fue consultado sobre si la institución tiene el recurso económico para soportar esta propuesta y su respuesta fue: "No, no tenemos los recursos necesarios", explicó.

Por otra parte, la propuesta plantea añadir una nueva responsabilidad a la Policía Nacional Civil (PNC), la de llevar un control de los pandilleros que admitan su afiliación; es decir, un proceso similar al de semilibertad que lleva a los imputados a los tribunales, donde llegan a firmar una asistencia regularmente.

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aseguró que el número de repatriados con antecedentes penales que se contabilizan en los primeros cuatro meses de 2017 es de 366 y si se toma en cuenta esa cifra, se puede proyectar que para el final del año el número de personas que los policías deberían custodiar será de aproximadamente 1,100.

Esas cifras sugiere que se necesitarán más policías para vigilar a los mareros que estén bajo este tipo de supervisión en un momento en que la cartera de Justicia y Seguridad Pública sufrió un recorte presupuestario de $6.6 millones. 

En términos generales, las ideas que plantea el Gobierno para abordar el tema se pueden resumir en diez.


El denario de ideas del Gobierno


1. Intercambio de información: Estados Unidos y El Salvador compartirían información de los retornados, los motivos de la deportación, el lugar y la fecha del retorno.
2. Pertenencia a pandillas: Priorizar a aquellos que son pertenecientes a estructuras criminales para la vigilancia.
3. Nivel de peligrosidad: En relación al tipo y gravedad del delito que se les impute en Estados Unidos.
4. Recibimiento de los retornados: Entran a un albergue temporal donde reciben asistencia técnica y médica. 
5. Declaración jurada: Las entrevistas tomadas por especialistas se tomarán como declaraciones juradas para que luego puedan servir como elemento de prueba en caso de abrir un proceso judicial. Aquellas personas que no digan la verdad, serán sometidas a sanciones penales.
6. Revisión de casos por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Los juzgados serán notificados sobre cada caso y estos evaluarán si se deben o no someter al sistema de vigilancia.
7. Control policial: Una vez los jueces determinen que personas representan un riesgo para la seguridad nacional se someterán a un control por parte de la PNC: reportarse cada cierto tiempo a la delegación más cercana a sus viviendas con el fin de garantizar que no delinquen.
8. Investigación de la FGR: Si algún retornados bajo el sistema de control comete algún delito, la Fiscalía abrirá un proceso de investigación para determinar su nivel de participación en el delito y será acusado.
9. Rehabilitación: Los retornados que hayan cumplido con el sistema de control deberán integrarse a un programa de rehabilitación que se encuentre vigente. 
10. Reinserción: Las autoridades dicen que abrirán programas de empleabilidad.

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