En una disputa por una herencia, tres hermanos acusan a otros dos de haber dejado morir a su padre y falsificar la firma de este para apropiarse de propiedades valoradas en $140,000. En su defensa, los acusados dicen que días antes de morir su progenitor les donó sus bienes como agradecimiento por haber estado con él en sus peores momentos.

Carlos, Jaime y Carolina acusaron a sus medios hermanos Adolfo y Lorena de falsedad ideológica al detectar una serie de irregularidades en el traspaso de bienes que repentinamente realizó el padre de los cinco, días antes de su muerte.

Los acusados argumentan que fue decisión de Ramón G., su padre, realizar de forma rápida y repentina el traspaso de 14 propiedades y que la firma en las escrituras no se ve igual debido a que el hombre estaba muy débil debido a su estado de salud.

En abril de 2009, el padre fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de San Salvador.  Jaime y Carolina, los dos hermanos que residen en Estados Unidos desde hace más de 30 años, viajaron al país para visitarlo y aseguran haber constatado que se encontraba en condición estable.

Adolfo y Lorena, los demandados y quienes residen en el país, eran los encargados de velar por la salud del empresario, quien un mes después de la operación supuestamente pidió a los médicos que le dieran el alta para regresar a su casa. Esto sucedió sin que sus hijos en Norte América se enteraran.

A los días de estar en su casa, el empresario tuvo una recaída, por lo que Adolfo y Lorena decidieron llevarlo al hospital Rosales, donde fue tratado por problemas de diabetes, lo que no fue del agrado de los hermanos en Estados Unidos quienes cuestionaron la decisión de que fuera atendido en un hospital público teniendo los recursos para estar en uno privado.

A finales de mayo y tras varios días internado en un nosocomio de tercer nivel, el empresario falleció producto de una obstrucción en los intestinos, algo que Adolfo y Lorena no comunicaron de inmediato a sus hermanos en el extranjero.

Pasadas varias semanas de la muerte de Ramón, Adolfo se vio obligado a contarles a sus hermanos lo que pasó con su padre ya que necesitaba datos de este que solo eran del conocimiento de la madre de los tres residentes que estaban en Estados Unidos.

La noticia los tomó por sorpresa a Carlos, Jaime y Carolina ya que no tuvieron oportunidad de despedir a su padre; además aseguran que no tuvieron cabeza para pensar en las propiedades, entre las que se encontraban varias oficinas que eran alquiladas.

Fue hasta finales de 2009 que Carlos comenzó a averiguar sobre la situación en la que se encontraban dichos bienes y descubrió que todos habían sido traspasados a su medio hermano Adolfo, lo que despertó sus sospechas ya que en vida su padre nunca le manifestó que tenía tales intenciones.

Al verificar los tiempos en los que las propiedades pasaron a nombre de Adolfo, constató que estos procesos se realizaron durante la última semana que Ramón estuvo con vida y que además fueron procesos acelerados y cancelados de inmediato, algo que rara vez ocurre.

Dicha situación alarmó a Carlos , quien junto a sus hermanos interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) y contrataron a un perito para que verificara la documentación de las donaciones y determinara si las firmas eran originales.

A partir de esa investigación el ministerio público inició un proceso en contra de Adolfo y Lorena, la notaria que diseñó la documentación y realizó los trámites de las donaciones y los testigos utilizados para tal fin. Todos están siendo procesados por el delito de falsedad ideológica.

Las investigaciones realizadas señalan que el médico que atendió al padre registró un notable descuido en la salud del empresario y aseguró que si el paciente hubiera recibido el tratamiento adecuado este no habría muerto. 

Además el galeno recordó que en más de una ocasión vio cómo Adolfo y Lorena eran visitados por terceras personas que les llevaban documentos al hospital, aunque no pudo precisar de qué papeles se trataba.

En su defensa, los acusados aseguran que su progenitor decidió entregarles sus bienes en forma de agradecimiento ya que fueron quienes estuvieron con él en sus momentos más difíciles. De igual manera dicen que la decisión la tomó ya que sus otros hijos no tenían necesidad por ser comerciantes con ciudadanía estadounidense.

Por su parte, Adolfo, uno de los hermanos que viven en el país, asegura que sus hermanos han realizado amenazas en su contra antes de que se iniciara el proceso judicial que se encuentra esperando un fallo por parte del juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador.

Los demandantes exigen a sus dos hermanos les entreguen $200,000 en concepto de indemnización por despojarlos de su herencia.