La tesis del gobierno para aprobar la reforma que permite usar el fondo de pensiones para pago de deuda fue descartada esta mañana por el presidente de Asafondos, René Novellino, quien desestimó que haya estado en peligro el pago de pensiones de 160,000 personas.

"El pago de pensiones para 160,000 personas nunca ha estado en riesgo. Esta reforma tiene como objetivo que el gobierno evada su responsabilidad de pagarle lo que debe a los trabajadores", aseguró Novellino, quien también es parte de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP).

El jueves pasado que la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para permitir el pago de la deuda con el fondo de pensiones, esta fue una iniciativa presidencial apoyada por FMLN, GANA, PCN y PDC.

El primer vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, justificó su apoyo a la propuesta porque la jefa de la fracción del FMLN, Norma Guevara, le había expuesto que el pago de pensiones a 160,000 retirados estaba en peligro. No obstante, esto fue desmentido esta mañana.

Novellino explicó que el Gobierno lo que debía pagar el próximo 7 de octubre era deuda que el Gobierno tiene con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en concepto de intereses y amortización de capital por el dinero que le presta cada tres meses. "Ese es un plan de pago programado. No tiene nada que ver con el pago a los pensionados", aclaró.

Por otro lado, los representantes de las otras organizaciones miembros de ICP, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también rechazaron la aprobación de esta reforma.

De acuerdo con los representantes de ICP, con esta reforma se ha creado un mecanismo que genera un ciclo infinito de deuda en el que el trabajador es el principal dañado.

A su criterio, el principal problema es que implica que paulatinamente los trabajadores irán entregando su ahorro a cambio de que el Estado solo les dé títulos como "una forma de pago", pero que no van a recuperar el dinero que han dado prestado, ni se les pague intereses. 

En este sentido, el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, señaló que con esto queda en evidencia el desorden fiscal que tiene el Ejecutivo. Para Miguel Ángel Simán, de Fusades, el problema fiscal del país no es provocado por las pensiones, tal y como el Gobierno ha manifestado, sino ha sido el uso irresponsable de los recursos.

Dos de las organizaciones representadas en ICP ya ha presentado dos demandas de inconstitucionalidad a las reformas aprobadas. Por el momento, aseguran están trabajando en una alternativa a la reforma de pensiones presentada por el gobierno.