El testigo que recibió el criterio de oportunidad por narrar la masacre de 11 trabajadores ocurrida en el 2016, en San Juan Opico, en la que él mismo participó, quedó excento de responsabilidad penal en el caso; sin embargo el juez que conoció recriminó a la Fiscalía la manera en que negoció con el delincuente, tomando en cuenta que omitió relatar su participación.

"Sugiero a la representación Fiscal no tratar a estos testigos como si fueran mansas palomas. Estos testigos están sosteniendo al sistema, están sosteniendo la eficacia del sistema de persecución", indicó el juez especializado de sentencia A de San Salvador. 

El fiscal del caso señaló que había hecho las investigaciones correspondientes para corroborar las declaraciones del testigo criteriado y añadió: "nosotros tratamos como personas y no como blancas palomas, sino que le damos el tratamiento digno que todo ciudadano tiene derecho conforme a la Constitución".

El testigo principal de este caso fue identificado por la clave "Islámico" y confesó haber participado en el crimen como poste -quien vigila la escena- al mismo tiempo que dijo ser el segundo al mando de la clica de la pandilla 18 Revolucionarios que opera en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad.

El pandillero detalló la manera en que habían planificado un ataque contra miembros de la Mara Salvatrucha del cantón Agua Escondida de San Juan Opico, pero que en su lugar terminaron asesinando a los trabajadores. 

"Matamos a gente que no era, a gente que no andaba metida en nada", explicó en el juicio cuando fue interrogado por la Fiscalía. El juez detectó que el testigo "carecía de contundencia" en algunas partes de su intervención y aclaró que el caso no se puede fundamentar en su testimonio debido a que estuvo presente en la escena, sino más bien se debe priorizar la prueba técnica y científica en este caso.

De acuerdo al juez a cargo, la Fiscalía debió corroborar el tipo de información que revela el testigo y su "confiabilidad" para que en el juicio sea confirmado y se pueda relevar de responsabilidad penal.

Por su parte, la Fiscalía dice que la sentencia del juez no se ha basado en la declaración de "Islámico" sino en el conjunto de pruebas técnicas y científicas para condenar a 390 años de cárcel a los sujetos procesados.El fiscal del caso dijo que van a "valorar" el iniciar una causa contra este sujeto por los mismos hechos, luego de leer la fundamentación que establezca el juez en la resolución. 

Finalmente, la Fiscalía dejó claro que su colaborador había aceptado el trato pese a que sabía que podía ser reconocido por el resto de pandilleros, lo cual al parecer sucedió, pues al momento de la declaración, los pandilleros acusado mostraron signos de haber identificado a su delator.

Previo a eso, los pandilleros ya habían dado muestras de haber reconocido al testigo con las primeras dos palabras que dijo en el juicio, debido a que se reían mientras se miraban entre sí.

Ante esos eventos, el juez del caso no olvidó recordar a la Fiscalía que deben otorgar algún tipo de protección al testigo.

Estas fueron algunas de las inconsistencias que el juez encontró en la declaración de Islámico:
1. El cuestionado omitió detallar su participación en los hechos y solo dijo que fue vigilante.
2. El juez señaló que el testigo omitió detallar ciertos diálogos que había señalado de manera somera en la declaración anticipada, pero que no detalló en la declaración del juicio.
3. El testigo modificó su declaración sobre las armas que llevaban al momento de cometer el crimen.
4. El titular del juzgado especializado dice que carece de contundencia, debido a que en un momento dice no ser parte de la pandilla 18 en otro momento dice ser el segundo al mando de esa célula criminal.
5. El criteriado no identificó a uno de los procesados.