En medio de la discusión de eliminar los juzgados especializados del país, El Salvador Times se dio a la tarea de visitar estas instancias que reciben todos los casos vinculados con crimen organizado, pandillas, narcotráfico y otros delitos de organizaciones terroristas. 

En la visita, se pudo verificar el exceso de trabajo y el reto que puede ser, por ejemplo, resolver en menos de 48 horas, una audiencia de más de 100 personas a las que se les imputa una gran cantidad de delitos.

Un personal, que pese a que se ha dicho que ganan unos $30 más que los otros empleados de los juzgados comunes, no goza de vacaciones, ni horas extras y que además hace turnos de hasta 12 días seguidos sin descanso, pero que debe resolver los casos contrarreloj para no incumplir los plazos que estipula el Código Procesal Penal. Y en cuanto a los jueces, contrario a lo que se ha dicho, no gana más que los otros jueces.

El panorama se complica mucho más ya que estas dos juezas reciben todos los casos de crimen organizado de todos los juzgados de paz de siete departamentos, que incluso son los que tienen municipios con mayor presencia pandilleril, como San Salvador, La Libertad, Zacatecoluca, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente.

Para los empleados tanto del juzgado de instrucción A como del B, de San Salvador, cumplir estos mismos plazos que se le imponen a los juzgados comunes “es risible”, debido a la complejidad de estos casos.

“El mismo término que nos dan a nosotros es el mismo término que le dan a un juzgado común con un imputado, con una víctima y con un solo caso”, dijo uno de los empleados que prefirió el anonimato.

Por ejemplo, para el caso del Juzgado de Instrucción A tiene bajo su cargo el caso Jaque, emblemático por ser el que desarticuló el brazo financiero de la Mara Salvatrucha en el país. En ese proceso hay 114 imputados, y a uno de ellos se le acusan 190 delitos.

Una parte del reto de la jueza de este tribunal estriba en que deberá individualizar, por cada imputado y por cada delito, la participación y armar los 114 expedientes de cada uno, que finalmente se agrupan en las 280 piezas que lo conforman.

Luego de la audiencia preliminar, tendrá 48 horas para dar la resolución y determinar si mandará a juicio o no a los imputados, si son sobreseídos algunos y si se mantiene la detención o se imponen medidas cautelares, mientras llega la fecha de la vista pública.

Lo mismo ocurre con el caso Tregua, que también tiene esta juzgadora o con el de la locutora Pamela Posada, vinculada a una red de narcotráfico que lleva el Juzgado Especializado de Instrucción B.

De hecho, por ejemplo, solo en 2016 entre ambos juzgados recibieron a casi 5,000 imputados vinculados a más de 200 casos, que implicaron más de 2,000 audiencias en conjunto.

Crear más especializados

Para quienes trabajan en los Juzgados Especializados, es un mal mensaje eliminar a estas instancias que son las que combaten a las pandillas y al crimen organizado.

“La gente piensa que somos especialistas en pandillas, pero no, estamos enfocados en el crimen organizado y eso va desde el simple pandillero hasta los que están más arriba”, dijo una fuente judicial.

Y aunque estos tribunales tienen 10 años de funcionar, fue hasta que la Sala de lo Constitucional estableció que todos aquellos miembros de maras o pandillas como la MS, la 18 Revolucionarios, Sureños, Mao Mao eran consideradas organizaciones terroristas deberían pasan a ser conocidos por estos tribunales especializados.

Sin embargo, ahora se encuentran desbordados. Por esa razón, en lugar de que los juzgados comunes pasen a conocer estos casos, creen que es mejor fortalecerlos y crear más o convertir algunos ya que no dan abasto.

“Si los que le están dando la respuesta a la criminalidad organizada son los tribunales del crimen organizado, qué opinaría que le digan como ciudadano: desaparezcámoslos”, cuestionó un miembro del juzgado.

Por otro lado, consideran que se deben hacer reformas legales para que los plazos que tienen los juzgadores para resolver sean mayores y que no se rijan bajo los términos de los juzgados comunes.