• Diario Digital | lunes, 18 de marzo de 2024
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Sucesos - Según denuncia de profesora

Acusan a pastor evangélico de cobrar altas colegiaturas aún cuando el Gobierno le da gratis a los profesores

Según una demanda presentada ante la Fiscalía, el supuesto líder religioso administra centros educativos desde hace 38 años en los que trabajan docentes pagados por el gobierno, mientras él cobra colegiaturas de colegio privado y a la vez recibe ayuda de un cooperante.

Acusan a pastor evangélico de cobrar altas colegiaturas aún cuando el Gobierno le da gratis a los profesores

Un supuesto pastor evangélico ha sido denunciado por estafa por una madre de familia que asegura que cobra tarifas de colegio privado pese a tener profesores pagados por el Ministerio de Educación (Mined). El caso tiene abierto un expediente en la Fiscalía desde 2012 pero no ha recibido el seguimiento correspondiente.

Patricia Zuleta, la denunciante, argumenta que en 1978 el presunto pastor, identificado como Arturo Edgardo Cabrera, se valió de sus contactos en iglesias protestantes para tramitar en El Salvador un proyecto de educación ofrecido por la Asociación Internacional Compasión, la cual —a partir de ese año— le entregó $60 mil mensuales para que administrara varias escuelas públicas.

El caso fue denunciado en la Fiscalía desde el año 2012; sin embargo el proceso de investigación no ha fructificado ya que ha estado en manos de tres fiscales diferentes los cuales —según Zuleta— han respondido que éste "no representa mucha importancia para el Estado".

Cabrera habría tramitado los permisos pertinentes en el Mined y comenzó con el proyecto de centros educativos con el nombre de Justo González Carrasco, instalando una escuela en cada departamento del país. 

Al mismo tiempo presentó ante dicho ministerio un proyecto denominado “Plan Padrino”, en el que solicitaba docentes pagados con fondos públicos para que contribuyeran con el programa que, aparentemente, ofrecía beneficio a los más necesitados.

En algunos casos Cabrera habría aplicado cuotas bajas, pero que era obligación cancelar para colaborar –entre otras cosas- con la compra de los terrenos en los que estaban instaladas las aulas de clases.

Al ver pasar los años y que no se dejaba de cobrar la cuota establecida para la compra del terreno, la señora Zuleta comenzó a investigar por su cuenta las propiedades y se enteró que éstas estaban a nombre de Cabrera y no del Estado.

“Se inició dando 25 colones, y cuando pasamos a dólares la cuota fue de $3 los cuales se iban cancelándo mensualmente”, recuerda Zuleta, quien ha trabajado en el campo de la educación desde hace más de 15 años.
 
El centro educativo donde se hicieron los hallazgos funciona en el municipio de San Marcos donde reciben clases 900 alumnos a cargo de 27 maestros.

La denunciante asegura que la ostentosa cantidad recibida por Cabrera le permitió adquirir propiedades, ignorando por completo las necesidades de los alumnos pese a que ellos son la prioridad descrita en el convenio firmado. 

“En 2005 se tuvo un acercamiento con él (Arturo Cabrera) pero se negó a entregar el terreno y exigió $25 mil para hacerlo”, asegura Zuleta, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

Con el paso del tiempo, Cabrera tuvo el capital necesario para fundar el Liceo Evangélico Justo González en Santa Ana, en el que también los profesores son pagados por el Mined.

Cabrera, quien se presenta como un líder religioso, también fundó el Liceo Evangélico en San Jacinto, pero fue cerrado luego de algunos años debido a que en 2015 un banco embargó las instalaciones debido a una deuda que no fue cancelada.

En su momento los encargados de dicho centro educativo en San Salvador manifestaron que el cierre se produjo debido a la inseguridad que se tiene en la zona. 

La señora también señala que al detectarse las irregularidades en otros centros educativos administrados por  Cabrera, el Mined únicamente optó por cerrar las escuelas sin tomar acciones contra él.

Caso sin importancia, según Fiscalía

Recientemente Zuleta fue notificada que su caso pasaría a manos de un nuevo fiscal, ya que los dos anteriores le manifestaron que era un caso muy complejo; mientras que otro funcionario argumentó que "no era de importancia".

Una auditoría realizada por Educación, documentos de fundación de las escuelas, son parte de las pruebas presentadas ante el ministerio público para que se proceda con la investigación.

Zuleta señala que desde la dirección central de Educación querían cerrar la auditoria, alegando que no se presentaban pruebas concretas. "Lo que pasaba era que los docentes no me avisaban que estaban pidiendo pruebas”, denunció.

La denunciante destaca que la Dirección Departamental de San Salvador del Mined le ha dado el respaldo para que el caso proceda hasta llegar a tribunales.

Zuleta considera sospechoso que desde hace cuatro años no se tengan avances respecto al caso, esto pese a que ha presentado pruebas a los fiscales quienes alegan sobrecarga de trabajo.

“Si cae Cabrera, cae toda la estructura de corrupción que se tiene en las altas esferas del Ministerio de Educación”, remarca la mujer, quien incluso ha valorado pedir una cita con el fiscal general, Douglas Meléndez, para exponer su caso.

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