Más que un exitoso guionista de Hollywood, Mario Puzo es un agudo analista del comportamiento criminal. De él tomo el siguiente argumento para ilustrar un problema nacional actual cuyas consecuencias son imprevisible pero en todo caso trascendentales.   

Llegado a un cierto punto de acumulación de fuerza y capital, un líder mafioso muy astuto, don Vito Corleone, decide blanquear la imagen de su organización y sus negocios. Para ello comienza por desactivar a sus antiguos pistoleros y en su lugar contrata a un ejército de abogados, lobbystas políticos y ejecutivos empresariales. Ese plan sigue siendo básicamente criminal, pero no por ello deja de ser sumamente inteligente. 

Sin embargo, uno de los hijos del capo, al que le sobra agresividad pero le falta el talento de su padre, toma impulsivamente la decisión de asesinar a un jefe policial en plan de venganza. Y con ese error da paso no solo a su propia muerte sino también al principio del fin del imperio edificado por su padre.

Eso es en la ficción, pero el tema se puede verificar en el plano de la realidad. El principio del derrumbe del otrora poderoso cartel de Cali está directamente asociado a la decisión de Pablo Escobar de impulsar una matanza sistemática de policías y de funcionarios públicos del sector judicial. Los ejemplos similares pueden multiplicarse.

Para el crimen organizado es una suerte de ley no escrita que si bien pueden corromper a las autoridades, en ningún caso es buen negocio asesinar a sus representantes.

Considerando esos ejemplos, podemos decir que el jefe de la Policía Nacional Civil, Howard Augusto Cotto, tiene toda la razón del mundo al afirmar que la peor decisión que han tomado las pandillas locales en toda su historia es la de matar policías y soldados sistemáticamente. 

Por simple espíritu de cuerpo, pero sobre todo por lógica de Estado, la respuesta de las autoridades a esta campaña criminal, iniciada recientemente por las maras, será contundente. De eso no cabe ninguna duda, y aunque toda escalada de violencia genera comprensibles preocupaciones y temores en la sociedad, esa respuesta es inevitable.

Pero tanto el jefe de la Policía como en general los miembros del gabinete de seguridad deben medir muy bien sus reacciones y sus palabras: ellos tienen una misión constitucional muy clara, y en esa misión no hay espacio para nada que se parezca a la venganza. Y no solo se trata del imperativo de actual con estricto apego a la legalidad, sino también de algo más pragmático: las guerras no se ganan enojándose, por más que algunos golpes del enemigo provoquen especial y comprensible indignación.

El problema de las autoridades encargadas de enfrentar al crimen, especialmente en lo relativo a la Policía, no es de voluntad. La voluntad de sacrificio de nuestros policías es heroica y no está en discusión. El problema es de estrategia. Y es ahí donde se tienen que hacer serios replanteamientos. Al respecto se puede señalar, por ejemplo, como un grave error estratégico, esa enorme oportunidad perdida que consistió en dejar que se diluyera aquél clima de unidad nacional contra el crimen, que se generó en torno a las medidas extraordinarias de seguridad. 

Ese error, por supuesto, excede la responsabilidad propiamente policial y atañe más bien a la clase política, pero de manera particular a la fuerza política que ostenta el poder. En aquel momento dijimos que esa unidad era imprescindible para fundar la estrategia de la batalla contra el crimen. Ahora lo repetimos: reconstruir esa unidad es imprescindible.     

La Policía Nacional Civil está cumpliendo con creces su abnegada tarea, quienes no parecen estar a la altura del deber son los políticos. Bien harían estos últimos en atender el llamado a la despolarización que recientemente lanzó Guillermo Gallegos, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa.