La próxima semana se repetirá el juicio en contra del extesorero y excontador de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), luego de que la Cámara Segundo de lo Penal anulara el juicio anterior en el que ambos fueron condenados a seis años de prisión por haberse apropiado de $54,367 de la institución.

Sin embargo, el tesorero de la institución no se presentó a la audiencia el pasado 18 de mayo de 2015 cuando fueron condenados. Por esa razón, el imputado fue declarado reo rebelde y, desde entonces, se encuentra prófugo de la justicia.

En este sentido, la defensa del contador, identificado como José Mauricio Flores, de 60 años, fue el que apeló la decisión del juez del Tribunal Quinto de Sentencia que lo condenó a seis años y cuatro meses de prisión y a pagar el 40% del monto total que se habrían apropiado con el tesorero, Octavio Bracamonte Mejía.

Así, en total, Flores pagó $21,747 en concepto de responsabilidad civil por este caso a CEPA. No obstante, al dejar sin efecto la sentencia este dinero tendrá que ser reintegrado a Flores y esperar la resolución del nuevo proceso.

Según el expediente fiscal, Flores junto a Bracamonte se habrían apropiado del dinero que recogieron entre junio de 2010 y el 22 de agosto de 2012 en concepto de impuestos por despachos de buques, autorización de arribos y otras transacciones de la Autoridad Marítima Portuaria.

Las transacciones que se cobraron y no se reportaron a las arcas de CEPA se dieron en los Puertos de Acajutla, La Unión, Puerto El Triunfo, Costa del Sol y La Libertad.  

Así, ese dinero que se recogió no fue reportado ni en las cuentas de la institución, ni en los registros de contabilidad de las mismas. Y luego esos montos terminaron a favor de los imputados.

La parte fiscal mostró en el juicio pasado 333 recibos de servicios que prestó la institución, que en total suman $54,367.74, y que no aparecieron en los registros contables.

El expediente asegura que Bracamonte, quien está prófugo, habría sido la cabeza de la operación y Flores habría sido el cómplice necesario por su cargo y  por el acceso a la información contable de la autónoma.

El nuevo juicio está programado para el próximo 27 de abril y será el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el que conocerá el caso, en el que Flores podría volver a ser condenado o absuelto de estos cargos. Y en el que Bracamonte volverá a ser requerido en los tribunales.