Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que es inconstitucional el cumplimiento de las penas de privación de libertad en condiciones de hacinamiento, informaron esta mañana a través de un comunicado.

A criterio de los magistrados este tipo de condiciones vulneran el derecho a la integridad personal y a la salud de quienes cumplen esta medida en las distintas bartolinas policiales del país, así como en los demás recintos penitenciarios.

Según informaron, varias privados de libertad pidieron hábeas corpus a los jefes de delegaciones policiales de Quezaltepeque, San Vicente y Soyapango; así como a jueces de Sentencia de Santa Tecla, jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla y juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

Estos recursos fueron motivados por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran cumpliendo las penas, lo que ha provocado enfermedades mentales, hongos en la piel, dolor de espalda porque duermen en el piso, malos tratos y golpes por parte de los agentes, así como falta de comida y de agua.

La Sala verificó las condiciones en las bartolinas antes dichas y constató las condiciones de hacinamiento que vulneran los derechos de los reos. En este sentido, los magistrados declararon la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y ordenó el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad.

Los magistrados, además, para superar estas condiciones exigen a las autoridades competentes construir nuevos establecimientos penitenciarios. A los jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena que realicen urgentemente una labor de actualización e identificación de aquellos internos que ya no deban continuar detenidos por cumplimiento de la pena o que pueden, conforme a la ley, disponer de beneficios penitenciarios.

Por otro lado, a los equipos Técnicos Criminológicos, los Consejos Criminológicos Regionales y el Consejo Criminológico Nacional deben realizar dentro de los plazos legales, las evaluaciones y análisis de los condenados. 
Además les piden a los jueces en materia penal que apliquen la detención provisional de manera excepcional.

A la administración penitenciaria con ayuda del Ministerio de Salud les pide realizar visitas periódicas médicas en los lugares de reclusión para evaluar o resolver las necesidades sanitarias.