Juan (nombre ficticio) caminaba como de costumbre por el bulevar de Los Héroes, en la capital, cuando agentes policiales le ordenaron que se detuviera. Fijaron su vista en su rostro y le pidieron sus documentos personales.

Le revisaron sus papeles y luego le pidieron que los acompañara a una delegación policial.

El ciudadano preguntó ¿por qué? Argumentó que no había hecho nada malo, y que nunca había estado involucrado en ningún tipo de hecho delictivo.

Los policías le hicieron saber que sus “características físicas” coincidían con las de un sujeto al que buscaban (ni siquiera le explicaron por cuáles delitos).

Tampoco le detallaron si al que buscaban era delincuente común o pandillero, pero que en todo caso debía acompañarlos para mientras averiguaban.

Juan pidió que por lo menos le permitieran hacer una llamada a su familia para que no se preocuparan más de lo necesario.

Sin embargo, la petición no le fue permitida y tuvo que permanecer encerrado durante 24 horas.

Ese fue el caso de un ciudadano al que, sin esperarlo, el “destino” le jugó una mala pasada.

Tras no saber nada él, amigos, parientes y conocidos se mostraron preocupados porque no sabían de su paradero.

Una llamada o un mensaje les habría devuelto la tranquilidad. Pero no la recibieron.

Algunos allegados hasta pensaron lo peor, dadas las circunstancias de violencia que existen en el país.

“Usted sabe cómo está la situación”, explicó un conocido de Juan respecto a la inseguridad.

Durante el tiempo que estuvo encerrado, al ciudadano le cuestionaron si los documentos personales que llevaba eran legítimos o si los había obtenido de manera fraudulenta.

Tras haber investigado, las autoridades se dieron cuenta que Juan no era la persona a la que buscaban. Todo se trató de un "error".

Al llegar a casa, este ciudadano relató todo lo que había pasado solo por “parecerse” a un sujeto que es buscado por la Policía.

Los abrazos de su familia calmaron un poco de su ansiedad, estar junto a ellos le hizo bien.

¿Mal procedimiento?

Según fuentes consultadas por este medio, el ciudadano sí tenía derecho a por lo menos hacer una llamada para poner al tanto a su familia, lo cual no se le fue permitido.

“En esos casos, a la persona se verifica por medio de su documento de identidad, no solamente por la similitud corporal”, explicó la fuente oficial.

Agregó que, si en caso la persona de la que se sospecha no portaba documentos personales, tienen la facilidad de obtener información a través de los lectores de huellas.

“Ya hemos detenido personas que no portan DUI, y al ponerles el lector de huellas ahí sale quiénes son. Si tienen alguna orden de captura les aparece en el registro y se procede a la detención”, comentó el especialista.

La información que se obtiene del registro de la huella es, por ejemplo, los delitos por el cual es buscado por las autoridades. (No fue el caso de Juan).

En algunos casos la prueba se le realiza al sospechoso en oficinas policiales, desde ahí se obtiene la información por medio de su huellas dactilares.

Acotó la fuente que si a un ciudadano no le aparece ninguna orden de captura en el sistema policial se le deja libre; no obstante, es detenida si se confirma que tiene cuentas pendientes con la justicia.

Instituciones más denunciadas

Según datos reflejados en el informe de labores 2017-2018 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en su apartado de instituciones estatales más denuncias por violar derechos humanos, la Policía figura con un 61%, seguido de gobiernos locales con 8%; de igual forma la Fiscalía General de la República con 8%.

El reporte detalla que las denuncias contra la integridad personal, por parte de la PNC, fueron registradas 303, en lo relativo a la seguridad personal e intimidad, 219 y 148 casos respectivamente.

La Fiscalía, por su parte, aparece con 64 casos relacionados por violentar el derecho al acceso a la justicia.