Un vendedor de una distribuidora de tarjetas prepago Digicel quien era el principal sospechoso de haberse apropiado $76,381 fue absuelto debido a que su caso prescribió. El empleado, identificado como Adalberto A., había sido demandado por robar dicha cantidad a la sociedad Fadinsa, S.A. de C.V., para la cual laboraba. No obstante, el supuesto robo hizo que la empresa cayera en mora, por lo que la administradora, identificada como Margorie Santos de Chicas, fue demandada a su vez por Digicel y obligada a pagar la deuda.

Durante los años 2004 y 2005 Adalberto trabajó para Fadinsa, pero cuando su jefa notó el faltante de dinero ordenó una auditoría y al comprobar las irregularidades interpuso la demanda ante la Fiscalía para que investigaran al vendedor.

El caso tomó un giro inesperado para Santos de Chicas cuando, después de ser la parte acusadora, pasó a ser la acusada, ya que al no poder pagar la deuda acumulada Digicel la demandó por el delito de apropiación o retención indebida, por el que fue condenada a tres años de prisión y a pagar el monto adeudado, el cual canceló con propiedades de la familia.

El caso contra el vendedor había sido remitido a tribunales a inicios de 2007 y en el año 2008 se giró una orden de captura contra él y la encargada de la bodega, quien era la responsable de recibir el dinero de las tarjetas vendidas. Sin embargo, los imputados fueron declarados reos rebeldes ya que se habían cambiado de domicilio para evitar ser localizados.

En abril de 2016, ocho años después de haberse emitido la orden de captura en contra del vendedor de tarjetas, este fue capturado. El imputado negó los cargos y señaló que cuando trabajaba en Fadinsa el vigilante de la empresa no le permitía abandonar las instalaciones hasta que no entregaba el dinero de la venta a diaria.

Las reformas al código procesal penal hechas en el año 2011 establecen que una acción penal prescribe en el plazo máximo del delito imputado, en este caso cuatro años; por lo cual a pesar que ya se había iniciado la acción legal y el imputado se mantenía prófugo de la justicia, el delito prescribió. 

Santos de Chicas no corrió la misma suerte, ya que Digicel -en calidad de ofendido- pidió una condena de tres años más el pago de $76,381 en concepto de responsabilidad civil. 

La sociedad Fadinsa quebró y la familia de Santos de Chicas tuvo que entregar propiedades en pago a Digicel por el monto de lo adeudado.

La exadministradora, quien ahora se dedica a predicar en las cárceles, manifestó durante la vista pública que la experiencia la ayudó a acercarse a Dios.

Sus abogados dijeron a El Salvador TIMES que presentarán un recurso de casación (anulación de un dictamen) por estar en contra de la sentencia.