El juzgado de menores de San Salvador estableció las medidas máximas de internamiento para dos menores de edad por el delito de homicidio, en el primer caso de menores que se resuelve con prueba obtenida en cámaras de video vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los dos responsables del homicidio son miembros de la pandilla MS y según las investigaciones atacaron con arma blanca a un hombre de aproximadamente 45 años en el centro de San Salvador el pasado 12 de octubre de 2016.

El sistema de videovigilancia denominado “Argus” fue la pieza clave para que a los tres pandilleros se les decretara 15 años de internamiento, los cuales tendrán que cumplir en el centro de internamiento de Tonacatepeque.

El tribunal tuvo acceso a los videos tomados en la fecha anteriormente mencionada en las que se observó a detalle los movimientos de los acusados para matar y darse a la fuga.

La acusación fiscal detalla que los sujetos atacaron –por razones que aún se desconocen- al hombre que se encontraba sobre la calle Gabriela Mistral de esta capital.

Posterior a cometer el hecho ambos se dan a la fuga, pero elementos de la corporación a cargo de la videovigilancia les dan seguimiento y los ubican en un mesón del centro histórico al que envían una patrulla policial.

Al llegar los agentes interceptan a los dos pandilleros a quienes les decomisan un cuchillo ensangrentado. Además la inspección ocular de los agentes estableció que ambos tenían sangre de su víctima en la ropa que portaban.

Posterior a la captura –realizada pocos minutos después que ejecutaran a la víctima- los agentes enviaron la prueba a la división científica de la PNC para que se realizara un examen de ADN de la víctima con la sangre encontrada en el cuchillo que tenían en su poder los delincuentes.

Este fue el otro elemento de prueba en el que el juzgado Tercero de Menores de San Salvador basó su decisión para determinar la responsabilidad de ambos procesados.

La unidad de comunicaciones del Centro Judicial "Isidro Menéndez" explicó que por mandato de la Ley Lepina no se puede dar a conocer la identidad de los menores procesados.