El fiscal general de la República, Raúl Melara reveló que el grupo de sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Municipales (Astram) que están concentrados frente a una oficina de la institución no están en huelga de hambre y señaló que detrás de su protesta se esconden motivos políticos.

Los trabajadores llamaron a protesta la semana anterior y estaban presionando a la institución a actuar por el no pago de cuotas laborales de parte del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, con una huelga de hambre.

Melara reveló dos videos en los que se ve que un grupo de hombres les lleva alimento a los sindicalistas y otro en el que aparecen comiendo.

En el primero de los videos se aprecia a un grupo de hombres que llegan con cajas con comida hasta los toldos y reparten el contenido de estas entre los asistentes de a la protesta.

¿Huelga de hambre o show político? pic.twitter.com/xwKhvnHoDA

— Raúl Melara (@MelaraRaul) October 5, 2020

En las otras imágenes, que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia de la institución, se ve a un hombre que se aleja del grupo y se lleva comida a la boca, lo guarda en su bolsa unos momentos y continúa comiendo.

Desde el viernes, a las personas que realizan una protesta frente al edificio de la @FGR_SV, se les ha estado sirviendo 3 tiempos de comida, ¿quién estará financiando esta supuesta huelga de hambre? pic.twitter.com/97BRDCMoO1

— Raúl Melara (@MelaraRaul) October 5, 2020

Por lo anterior Melara cuestionó los motivos de la protesta y que alguien, sin decir quién, está financiando las acciones.

“¿Huelga de hambre o show político?”, fue el primer tuit del jefe del ministerio público, seguido de otro en el que aseguraba que a los protestantes les estaban llevando alimentos los tres tiempos.

Las actuales diferencias entre Astram y la municipalidad de San Salvador vienen desde que los trabajadores impidieron la entrada de los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de la empresa Mides en Nejapa.

La comuna denunció la situación y la Fiscalía advirtió a la Policía que tenía que garantizar que no se bloqueara el paso, ya que eso constituía el delito de limitación a la libre circulación, sancionado por el Código Penal.