La defensa de Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, y quien ha sido capturado por participar en el caso Saca, ha denunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) "ha querido armar un caso para obtener resultados sin esforzarse mucho". En respuesta a tales afirmaciones  el fiscal general, Douglas Martínez, asegura que hay funcionarios detrás del empleado presidencial interesados en desacreditar dicha investigación.

El pasado 25 de octubre, Rodríguez Arteaga fue citado a la sede fiscal para declarar, pero según Omar Pastor, su abogado, cuando el empleado público estaba rindiendo su declaración en calidad de testigo, fue informado de su nueva condición como testigo criteriado.  

Meléndez niega tal versión y plantea que el jefe financiero de la Presidencia estaba dispuesto a colaborar con las autoridades, pero que un funcionario -mismo que contrató a Pastor como abogado defensor-  intervino en el proceso.

La versión de Pastor señala que los fiscales de la unidad financiera intentaron obligar a a Rodríguez Arteaga a declarar en contra del expresidente Elías Antonio Saca para que aceptara los delitos que se le han atribuido por el desvío de más de $246,000,000 del Estado a cuentas personales.

“El pasado jueves lo tuvieron declarando en sede fiscal y ahí lo quisieron obligar a que aceptara ser criteriado”, afirmó el abogado, quien manifestó a El Salvador TIMES que fue puesto al tanto de la situación por el mismo Arteaga horas antes de su detención.

“Lo presionaron y hasta le dijeron que ya le tenían nombrado un defensor”, asegura Pastor, a la vez que sostiene que Arteaga no debería estar detenido.

“Obviamente no aceptó ser criteriado porque eso sería aceptar que cometió un delito y eso no es asi”, recalcó el abogado, quien además consideró que la forma en la los fiscales a cargo del caso están trabajando no es la correcta.

“Si es fiscal general se enterara de cómo están actuando sus fiscales los despide, aunque eso no es nada nuevo”, valoró, tras asegurar que esta misma situación se ha dado con los otros dos empleados de Casa Presidencial que están siendo procesados junto a exfuncionarios de la administración Saca.

Pastor denuncia puntualmente que los fiscales “quieren que los empleados de Capres señalen a los cuatro señorones".

Al ser cuestionado sobre los motivos que tiene la Fiscalía para intentar obligar a un imputado a aceptar la figura de testigo criteriado, Pastor considera que esto es clave ya que “si no hay un testimonio el caso se les cae".

El abogado dijo que, como defensa, ha comenzado a trabajar para que Arteaga sea procesado en libertad, además asegura tener las pruebas suficientes para demostrar la inocencia de su representado. “Dicen que vivía en Soyapango y de repente que tenía casa propia en San Marcos; pero él tiene las pruebas que demuestran que lo ha hecho con un esfuerzo propio”, remarcó.

Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, defendió el trabajo que realiza la unidad financiera del ministerio público. “Al abogado Omar Pastor, que tanto habla sobre la transparencia y la forma en la que debe de manejar las cosas en el país, le quiero decir que si bien hay libertad de expresión debe de tener cuidado con lo que dice”, advirtió.

Además recordó que Arteaga estaba a punto de colaborar con las autoridades, pero que no lo hizo porque en ese momento un funcionario, cuyo nombre no quiso revelar, contrató a un grupo de abogados particulares entre los cuales se encuentra Pastor.

“Nosotros estamos actuando conforme a la ley”, subrayó Meléndez quien de esta manera desestimó los señalamientos realizados por Pastor.

Según lo planteado por la investigación de la Fiscalía, Arteaga fue uno de los cuatro miembros de la estructura comandada por Saca que cobró $116,000,000 en efectivo que eran producto de desvíos ocultos en políticas de seguridad.

El jefe financiero de la Presidencia es señalado por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.