La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una propuesta para aumentar hasta cuatro años el plazo para poder realizar todas las diligencias en casos de alta complejidad.

El Fiscal General, Raúl Melara, dijo que muchas veces se le vuelve complicado a la institución abordar en dos años, como máximo, todas las diligencias que se tienen que presentar en los juzgados.

“Dos años para diligenciar un proceso de alta complejidad es sumamente complicado. Queremos pedir una prórroga para que esto se duplique”, dijo el jefe del Ministerio Público en la entrevista radial de YSKL.

Melara agregó que se han enfrentado con que la defensa de muchos casos utilizan tácticas dilatorias para que se cumplan los dos años, tiempo máximo que la ley establece para que una persona pueda estar en prisión sin una condena en firme.

“En la práctica la defensa, en todos estos procesos complejos y especialmente en los de corrupción, hacen tácticas de dilatación para propiciar que este plazo pueda culminar y las personas sean puestas en libertad”, agregó.

Raúl Melara dijo que la prórroga solo sería para casos específicos, los otros siempre tendrían el rango de seis meses hasta dos años.

“Es una reforma que vamos a pedir a la Asamblea Legislativa en su oportunidad”, dijo al ser cuestionado por la fecha en la que presentarían la modificación.

Falta de presupuesto y sobrecargo laboral

El funcionario dijo también que la institución necesita más presupuesto para, entre otras cosas, poder contratar más personal debido a que la carga laboral que tienen en este momento es de más de 200 casos por cada uno de los fiscales.

Expresó que para este 2020 hubo un leve aumento del presupuesto y dinero que provino de cooperación internacional, pero no es suficiente para todas las necesidades que se necesitan cubrir.

“(Los incrementos) no responden a las necesidades que tiene la institución, urgimos de crear nuevas unidades especializadas. Tenemos que crear una unidad de análisis financiero, porque la Fiscalía, por el tipo de delitos que está investigando como los de corrupción o de lavado de dinero en los que la finalidad es procesar a las personas y buscar de dónde provino el dinero, por lo que necesitamos una gran cantidad de analistas financieros”, manifestó.

Dio a conocer que inicialmente la institución había contemplado un presupuesto de $40 millones más de lo que se les terminó aprobando.

“No es posible de que con una carga promedio de más de 260 expedientes por fiscal se pueda dar la atención que la gente necesita (…) hoy por hoy no podemos hacerle frente a toda esa carga”, aseguró Melara.