Varios inmuebles situados en diferentes puntos del Puerto de La Libertad, y San Luis Talpa, en La Paz, fueron intervenidos por fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio tras comprobarse que eran administrados por colaboradores de pandilleros, según reveló la Fiscalía.

Los acabados de algunas viviendas eran de lujo, algunas habitaciones hasta tenían sistema de video vigilancia para detectar la presencia de las autoridades.

Datos de la investigación indican que al menos tres viviendas que fueron compradas con el dinero que la pandilla 18 Sureños obtiene producto de las extorsiones y otras actividades delictivas.

Algunas habitaciones tenían hasta cámaras de vigilancia internas desde donde los delincuentes mantenían controlado el lugar.

Durante el procedimiento fueron confiscados cinco vehículos y seis cuentas bancarias que sumadas daban como resultado un monto de $50,000, detallaron fuentes oficiales.

En el mismo procedimiento fueron detenidos, por su presunta vinculación con la pandilla, Miguel Ángel Flores, Reina Isabel Molina, Rhina Castillo de Gálvez, Nelson Gálvez Peñate, entre otros involucrados.

Según la versión del Ministerio Público, algunos bienes estaban a nombre de los sospechosos para que pasaran desapercibidos de cualquier investigación; sin embargo, las conclusiones de la Fiscalía es que fueron comprados con el dinero que manejan los grupos de pandillas que operan en las zonas donde se realizaron las intervenciones.

“Se nos informó que existían bienes posibles de interés para el Estado, (por lo que) se procedió a realizar la investigación respectiva; al respecto, se logró identificar que con el grado de colaborador varias personas tenían la misión de darle apariencia de lícito a todo el dinero que era ingresado por parte de la pandilla a la organización criminal”, explicó una de las fiscales que participaron de los allanamientos.

La fuente agregó que “dentro de la pandilla están categorizados como colaboradores y otros testaferros que servían como eso para darle apariencia de lícito a lo que estas pandillas obtenían”.

La petición de intervenir en las viviendas, algunos con categoría de ranchos, le fue hecha al Juzgado de Extinción de Dominio que dio trámite al proceso.

Se informó que los bienes pasarán bajo el control del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), mientras que el dinero de las cuentas bancarias estará a cargo del Ministerio de Hacienda.

Algunos de los delitos por los cuales procesarán a los detenidos son: tráfico ilegal de personas y extorsión.