En el marco de la crisis política y social en América Latina, Chile, uno de los países de más tradición neoliberal, se encuentra actualmente en medio de un estallido social en contra de este sistema económico que privilegia los impuestos regresivos, la desregulación del mercado y las políticas de privatización, que ha traído consigo bajas pensiones, un sistema educativo y de salud inaccesibles, altas tarifas de transporte y  gas,  y un paulatino incremento del precio de la tarifa eléctrica a razón que el modelo energético chileno no solo es ineficiente, concentrado y contaminante, debido a la fuerte dependencia del combustible fósil, el  63 % en la termoeléctrica, que libera a las empresas generadoras de la obligación de invertir en energía limpia para garantizar el suministro, sino también porque su esquema de costos marginal y sistema tarifario es el más alto de la región y uno de los más onerosos del mundo, como lo señalan las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), una organización  internacional  que reúne a los países más industrializados de economía de mercado.

Al mercado eléctrico chileno se le imputa de ser anticompetitivo, excluyente y concentrado, a raíz que los operadores de distribución eléctrica, usan reglas y procedimientos que obstaculizan la entrada de nuevos competidores. En la generación eléctrica, se cuestiona que una competencia oligopólica de un reducido número de empresas, tenga el poder dominante no solo en la toma de las decisiones en materia de regulación y de las inversiones del sector, sino también en influir en los precios de la energía que se le hace llegar al usuario final.

Chile tiene un envidiable potencial para las energías renovables no convencionales, conocidas también como “energías limpias”;  Sin embargo, la carencia de liderazgo por parte del Estado sobre el interés público de un recurso básico para la vida diaria del ciudadano, como es la energía eléctrica, como la incompetencia en la formulación de una política energética integral que permita el desarrollo de una matriz energética adecuada, con capacidad de ser sustentable a largo plazo, y por el contrario, la adopción de una política energética basada en la privatización a gran escala y en la apertura total del mercado , como la única vía posible para el llevar bienestar, son factores que inciden para que la gente con un malestar reprimido se exprese masivamente en rechazo al sistema.

Si bien, el sector eléctrico nuestro tiene suigéneris en el modelo chileno, cuya Ley General de Electricidad fue promulgada en el año de 1996, dando lugar a una nueva estructuración del mercado eléctrico, constituida en segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Este cambio estuvo directamente ligado con la intención de seguir en la línea de la privatización como doctrina económica de ese entonces,  lo cual significaría que el Estado se desligaría del manejo y control del recurso e infraestructura , y le entregaría el total poder de decisión a las empresas privadas; permitiendo que estas pudiesen definir todos los aspectos relacionados con los proyectos de la cadena eléctrica, fijar las tarifas que se aplican a los usuarios, y al mercado como regulador y fiscalizador mientras que el Estado se quedaría cumpliendo un rol netamente de espectador, pasando a ser un ente de administración mediocre e ineficiente. 

En ese contexto se vendieron los activos de la distribución eléctrica, activos de la generación térmica de la CEL y se tuvo la voraz intención de privatizar la generación geotérmica que pasaría a ser propiedad de la empresa Italiana Enel Green Power, para lo cual se montó una campaña mediática, hubo manoseos jurídicos y se invadió atribuciones de la Asamblea Legislativa para tratar de favorecer a la transnacional italiana.  No obstante, el proceso de privatización no se consumó debido a la oportuna intervención de ciertos actores políticos del Ejecutivo y Legislativo, entre ellos la fracción del partido GANA.

Con el litigio de CEL –ENEL resuelto a favor del país el panorama era propicio para seguir con el desarrollo de nuestro petróleo blanco y otras energías renovables; Sin embargo, el desastre en la conducción del sector energético en la gestión  del último gobierno del FMLN, donde se despidió personal técnico capaz para contratar activistas y por nepotismo, no solo se obstaculizó la inmejorable oportunidad de expandir la capacidad instalada de la geotermia  y se gastó plata en proyectos fallidos, sino también ha quedado en evidencia que la CEL ha sido un fracaso en la gestión de los proyectos, ya que “El Chaparral”, estimado en su inicio por debajo de los $ 200 Millones por allá del año 1998, hoy en día le costaría al país cuatro veces su valor original, $750 Millones, como lo informó el presidente de la república Nayib Bukele, convirtiéndose  así  no solo en el costo promedio por cada MW más alto de la región,  sino también en una verdadera tragedia para un país pobre como el nuestro.