El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al aumento de costos que va a tener la presa de El Chaparral, por la que los salvadoreños pagarán $759.4 millones producto de una serie de irregularidades no atendidas en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Bukele dijo que le dan ganas de “ponerle un trozo de dinamita y botar ese monumento a la corrupción”.

Bukele explicó el costo inicial de la obra, $207.8 millones, subió hasta los $759.4 millones debido a que se ignoró una serie de irregularidades que fueron apareciendo en el camino, además de negociaciones con las empresas constructoras.

“Resulta que continuas nuevas negociaciones, cambios, etc.... pero vino la segunda administración del partido en extinción, FMLN, donde llegan y dicen que van a arreglar eso, renegociaron, vuelven a contratar, recalculan montos y el monto se va de los $207 millones más los $100 millones que fueron dados de manera ilegal (pago a una empresa que no terminó el diseño pero sí cobró), sino que suben a $759.4 millones”, apuntó.

“Desde la idea de construir la presa, en 1998, el proyecto ha sido el centro de la polémica, porque los terrenos alrededor de la presa no son ni siquiera del Estado, en una emergencia la presa no podría inundar los terrenos aledaños porque son propiedad privada. Luego se ha tenido los mismos problemas durante varias ocasiones, se contrata a una empresa, esta se retrasa, se finaliza el contrato y se le termina pagando por un trabajo no terminado.

“A mí lo que me daría ganas es de ir a poner unos buenos trozos de dinamita y demoler ese monumento a la corrupción, lastimosamente lo iba a hacer pero vino gente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y me dijeron: ‘Presidente, eso nos va a salir mucho más caro porque la corrupción está consumada’”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la inauguración del parque Cuscatlán.

En 2014, la Comisión Ejecutiva Hidreléctrica del Río Lempa (CEL) modificó un nuevo diseño, sin embargo un año más tarde la Fiscalía paró la construcción debido a que se iba a investigar el acuerdo del estado salvadoreño con la empresa Astaldi, una de las primeras en intervenir en la obra.

Luego de todos los problemas que se han presentado en el proyecto, el presidente de CEL, Daniel Álvarez dijo que se acordó con el BCIE una auditoría forense para determinar si se sigue la construcción o no.