El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó de que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha vetado los decretos legislativos 800 y 803 que forman parte del Presupuesto General de la Nación de 2021.

Desde un primer momento el mandatario se había mostrado en contra de la reorientación que hicieron los diputados alegando que estas solicitudes no venían del Ministerio de Hacienda.

El primer decretado vetado, el 800, contiene el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $50 millones que se acordó como parte de los fondos Covid-19.

Los legisladores cambiaron el destino inicial y movieron los fondos para ser “incorporados al presupuesto general del Estado del Ejercicio 2021 y serán utilizados para proyectos de desarrollo municipal”, según reza en el decreto.

Zelaya dijo que ese decreto ha sido vetado y que el contrato para el empréstito se quedará en pausa hasta ser resuelto por los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa 2021-2024, que serán electos el 28 de febrero.

El siguiente veto es para el DL 803, que contiene otro préstamo, pero con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, siempre de los fondos de emergencia que estaban en la Asamblea.

El destino que los congresistas le dieron a ese dinero era: $125 millones para los gobiernos municipales y los otros $125 millones para la cuenta de garantía solidaria que da vida a la pensión básica universal.

El ministro tildó la modificación que hicieron los diputados como un secuestro: “Aquí los diputados de la Asamblea tomaron de rehén el financiamiento de la pensión mínima amarrándolo con los fondos que habían destinado para sus alcaldes”.

Ya que con este veto no se podrá utilizar el dinero para que esa pensión llegue a los $300, el ministro dijo que los fondos saldrán de otro lado.

“El incremento de la pensión mínima está asegurado. Con la nueva Asamblea que entre en mayo verificaremos el financiamiento para poder darle una solución integral que sea sostenible”, valoró.

El día que aprobaron el prespuesto, los legisladores dijeron que Hacienda lo había enviado para no ser aprobado ya que no contenía, por ejemplo, el 6% para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como lo manda la Constitución.