Su honor y su dignidad valen más que la libertad. Así lo considera Pablo Gómez, el único exempleado de Casa Presidencial que se someterá al proceso de un juicio de vista pública ordinario que le podría hacer pasar los próximos 25 años en prisión.

Gómez no ha querido ser parte de la negociación de un proceso abreviado en el caso de corrupción en donde se le involucra junto al expresidente de la República, Antonio Saca, y otros exfuncionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura en contra de Gómez, que se hizo efectiva en octubre de 2016 cuando dio inicio el proceso que tiene a Saca en el banquillo de los acusados al ser señalado de desviar $300 millones de fondos públicos a sus cuentas.

Ante esto, el ahora exasistente técnico del área financiera es culpado por los delitos de peculado –que comprende una pena carcelaria máxima de 10 años- y de lavado de dinero –con 15 años de prisión como máximo-.

“(Él) realizó las acciones que Fiscalía dice -de sacar e ir a traer el dinero- pero jamás hizo esas acciones con la intención de facilitarle el delito a otros”, comentó Tania Pastor, una de las abogadas defensoras de Gómez.

Debido a que asegura que no actuó mal y que fue involucrado, Gómez decidió no declarar en el inicio del juicio. Además, Pastor considera que él fue un instrumento para cometer los ilícitos presidenciales.

Cuando dio inicio el proceso judicial, Pastor señaló que la FGR presionó a otro de sus clientes procesados en este caso, Francisco Rodríguez Arteaga, a que se criteriara para declarar en contra del exmandatario quien mañana se tiene previsto confiese para obtener la reducción de pena.

Rodgíguez Arteaga es señalado por los mismos delitos que Gómez, sin embargo, este recibirá una pena de seis años de prisión debido a que aceptó confesar junto con los otros cinco imputados.

“Él ha decidido no declarar, pero es una decisión muy personal. Él tendrá sus razones del porqué no quiere declarar”, comentó su abogada. “No va a reconocer un hecho en donde dicen que él ha actuado mal. Que las otras personas hayan aceptado declarar tampoco asegura que sean culpables”, agregó Pastor,.

Pastor considera que: “Después de dos años presos, el honor y la imagen ya no les importa mucho sino más bien su libertad y recuperarla es una negociación importante como para cualquier ser humano”.

La abogada expresó que no sería correspondiente que a su defendido se le brindara más años de prisión que el resto de acusados “teniendo una participación menor en los supuestos hechos”.

En todo caso, de existir un escenario en donde se diera un fallo condenatorio los defensores solicitarían una pena de 10 años de prisión. “Es lo razonable que tendría que tener en caso de encontrarlo culpable”, puntualizó Pastor.

Gómez habría colaborado con Funes

El exempleado, quien inició sus labores en 1994 bajo el mando del expresidente Armando Calderón Sol, con quien también trabajó en la alcaldía de San Salvador, es señalado en otro caso: colaborar con la supuesta corrupción de Mauricio Funes.

Según la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Gómez sería una de las personas a quienes Funes recurrió para abrir cuentas bancarias que fueron usadas para desviar fondos públicos.

Las investigaciones indican que habría retirado $292 millones del Banco Hipotecario y los transportó en bolsas plásticas.

En este caso, el extitular del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, y el exoficial de cumplimiento de la institución, Joaquín Cárdenas, son señalados de colaborar para realizar los desembolsos.