Esta mañana se instaló la audiencia preparatoria contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, en la Cámara Primero de lo Civil, de San Salvador, donde son procesados por enriquecimiento ilícito.

En dicha audiencia, tanto la Fiscalía como la defensa deberán exponer sus argumentos, ya que por un lado los fiscales solicitan que Saca y su esposa reintegre al Estado salvadoreño más de $4 millones.

En este caso, el Ministerio Público ha solicitado ante la referida Cámara que el exmandatario devuelva $3,970,013; mientras que su esposa $589,608.

A criterio de los fiscales, estos montos surgen de unas transferencias realizadas de la sociedad SAMIX a las cuentas bancarias de los Saca, en tanto que no las justificaron en sus declaraciones a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  

Esto dio paso a que se les procesara por supuesto enriquecimiento ilícito al no justificar estas cantidades en su patrimonio.

Por su parte, la defensa argumentó a los magistrados de la Cámara que están ante un caso de doble juzgamiento, y que por tal motivo este proceso debería suspenderse.

Para los defensores, los montos señalados por la Fiscalía ya fueron incluidos en la sentencia del proceso penal, por el cual el exmandatario, ya fue condenado.

“Se hizo una solicitud de suspensión o interrupción de este proceso porque los elementos que se atribuyen en el proceso penal son exactamente los mismos hechos que se atribuyen en este proceso de naturaleza civil", explicó uno de los defensores.

“No estamos discutiendo el objeto de un proceso civil que sea idéntico al proceso penal, no es ese nuestro punto; nuestro punto es que se trata de los mismos hechos", dijo.

"Nuestra participación se limitó a esos puntos en virtud de que nuestra representada no tuvo la oportunidad procesal, en este caso, de ofertar pruebas en el proceso civil; aparecemos luego y el diseño de representación tienen que ver con lo que descubrimos a raíz de los defectos que se encuentran en el proceso que son esencialmente dos: el tema del control difuso y el tema de suspensión por una prejudicialidad", manifestó uno de los defensores.