Una estructura delincuencial de 45 personas que operaban en los municipios de Usulután y Ozatlán fueron enviados a prisión por diversos delitos, entre los condenados hay agentes policiales y un empresario que ayudaban y financiaban pandillas.

Homicidio y extorsión agravados, proposición y conspiración de homicidio y organizaciones terroristas, son algunos de los delitos por los que fueron sentenciados.

Entre los condenados están Edwin Alberto Avilés, Rafael Armando Vargas, Neris Antonio Guandique Trejo y Guillermo Antonio Rivera Paz, quienes eran agentes policiales y ayudaban a los grupos terroristas.

De acuerdo con las investigaciones, la ayuda que los agentes brindaban consistía en dar información sobre los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en las zonas de Usulután y Ozatlán.

Dos de los policías estaban destacados en la sección de Tránsito Terrestre de Ozatlán, uno en la propia delegación del municipio y otro más que trabajaba en San Salvador, pero que vivía en dicho municipio.

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel validó las pruebas fiscales y condenó a los cuatro policías a ocho años de cárcel por informar y alertar a los mareros de la zona.

Otro de los condenados fue Gilberto Núman Carballo Cruz, empresario dueño de un agro servicio, una ferretería y un local comercial, quien financiaba a los pandilleros.

Según las autoridades, el hombre proporcionaba armas, municiones, gasolina y dinero para que fueran a cometer los hechos delictivos. En el juicio, también en el Juzgado Especializado, Carballo aceptó los delitos a cambio de una pena reducida de tres años.

En la estructura también hubo pena de prisión de 20 años para un marero por asesinar a un agricultor que se dirigía a su trabajo en La Montañona de Ozatlán. Por otros casos de extorsión agravada fueron emitidas condenas de 15 y 30 años de cárcel.