Entre lágrimas, Ena (nombre cambiado por protección a la víctima) relató ante el juez del Tribunal 3° de Sentencia cómo fueron las amenazas que Vladimir C., un radiólogo del Instituto de Medicina Legal (IML), hizo en su contra.

Tanto víctima como victimario son vecinos desde hace cuatro años. Ambos residen en la colonia Guadalupe, de Soyapango, sitio en donde se desató una serie de problemáticas, pero fue el 8 de mayo de 2017 cuando a eso de las 11:45 de la mañana la mujer bajó de un bus y –según ella- el empleado de gobierno intentó atropellarla con su vehículo al momento de verla.

Ena indicó que el hombre de 27 años de edad aceleró el carro y casi se la pasa llevando. Además, relató que teme a que atente en contra de su vida o la de su familia, debido a que aseguró que el imputado la ha seguido en cuatro ocasiones para amenazarla a muerte, por lo que ha tenido problemas psicológicos y de ansiedad.

“Él es un pandillero de La Guadalupe, acá no es lo que aparenta ser un empleado de Medicina Legal. Él mismo me ha llegado a decir a mi casa que es ‘El Killer’ y siempre anda con otros jóvenes tatuados”, comentó Ena, quien también aseveró que cada vez que ella sale de su vivienda él la insulta con expresiones denigrantes: “vieja gorda, tripuda, fea”.

De acuerdo a lo que la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo en la audiencia de vista pública, esas palabras son despectivas, por lo que lo acusó de cometer el delito de amenazas y expresiones de violencia contra la mujer.

“Yo no tengo problemas con mis vecinos. Yo no le guardo ningún rencor a ella, lo que quiero es que todo esto se resuelva”, se defendió Vladimir, quien en su momento fue detenido y enviado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango fue el que envió a juicio el caso, mientras se desarrolló el proceso el sujeto estuvo bajo libertad condicional.

Al final, el veredicto emitido por el juez fue, en primer lugar, un cambio de calificación del delito. De amenazas pasó a ser el delito de amenazas leves, por lo que Vladimir recibió el perdón judicial, pero fue amonestado verbalmente.

En cuanto a las expresiones de violencia en contra de la mujer, el juez le impuso una condena, por lo que deberá cancelar 10 días de salario mínimo, es decir un total de 100 dólares para las arcas del Estado. Además, Ena recibirá 500 dólares por daños y perjuicios.