La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado por incumplido el amparo en que se dejaba sin efecto que los funcionarios exigieran a los viajeros que ingresaban a El Salvador la prueba negativa a coronavirus y ha certificado a Fiscalía para que investigue por posible cometimiento de delito.

El Gobierno anunció que se iban a exigir en fronteras y en el aeropuerto a los que regresaran una prueba negativa de Covid-19; sin embargo, la Sala lo dejó sin efecto ya que se consideró que podía constituir una prohibición para ingresar al país.

Las autoridades cambiaron estrategia y en lugar de exigirlas directamente al pasajero pidieron a las aerolíneas que lo hicieran ellos, y que si se negaban les advirtieron que se exponían a ser multadas.

Los magistrados de la sala constitucional valoraron que la actuación de los funcionarios “constituye una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada (…) al no exceptuar de la disposición a salvadoreños y a extranjeros con residencia definitiva, se infringe la orden de este tribunal, pues las aerolíneas podrían impedir su embarque y, al privarlos de este medio de transporte aéreo, obstaculizar su ingreso a El Salvador”.

La Sala califica la decisión de las autoridades de pedir a las aerolíneas que exijan la prueba como un “censurable artilugio” con la que los funcionarios pretendieron evadir su responsabilidad.

“Si bien las aerolíneas cuentan con políticas propias sobre la admisión de pasajeros en sus vuelos, las restricciones aludidas han sido más bien consecuencia de las órdenes o actuaciones de las autoridades nacionales comunicadas tanto formalmente como utilizando las redes sociales institucionales".

Por el incumplimiento de la medida, los magistrados señalan al director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, y al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.

“Los funcionarios no deben obediencia a su superior jerárquico, sino a la Constitución, cuando las órdenes, decretos o resoluciones emanadas de aquél transgredan la misma; y por las ordenes que se den para desobedecer resoluciones judiciales —de manera formal o informal, explícita o implícita— responderá tanto el funcionario o autoridad que ha emitido dicha orden, como las autoridades, funcionarios o empleados que las ejecuten de manera directa, o indirecta, por acción u omisión”, reza el documento de la Sala.

Por lo anterior es que la Sala dio por incumplido el amparo y ha certificado a la Fiscalía para que investigue a los responsables de no cumplir con la disposición judicial.

El presidente de la República, Nayib Bukele reaccionó, desde su cuenta de Twitter, rechazando la decisión de los magistrados. “¿Y el derecho a viajar en un avión libre de Covid-19?”, cuestionó y señaló a los magistrados de violar derechos a la salud de los ciudadanos.

“Habrá que certificarle eso al Fiscal Raúl Melara también. Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas”.

¿Y el derecho a viajar en un avión libre de #COVID19?

Los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala.

Habrá que certificarle eso al Fiscal @MelaraRaul también.

Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas. https://t.co/UZABHwck3h

— 🇸🇻 (@nayibbukele) September 23, 2020