Además de expresar su repudio a la propuesta abanderada por diputados de la Ley de Reconciliación, por considerar que beneficia a criminales de guerra, las asociaciones de defensa de los derechos humanos o colectivos del víctimas del pasado conflicto armado presentaron una propuesta de ley, a la que se encargó de dar iniciativa de ley el diputado del CD, Juan José Martel.

Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado lleva por nombre la otra cara de propuesta que está en manos de los diputados de la Comisión Política de la Asamblea, que tiene la intención de que el Estado se involucre en la búsqueda de la verdad, reparación de daños y persecución penal a delitos de lesa humanidad.

Contrario a la propuesta que promovieron los diputados, que pedía trabajo de utilidad pública contra criminales de guerra y en el mejor de los casos dejar sin efecto las medidas dictadas por un juez contra los acusados, la propuesta de las asociaciones no contempla medidas sustitutivas o criterios de oportunidad contra los que dieron la orden de matar.

Dicho criterio de oportunidad está contemplado para todo aquel que quiera ayudar a esclarecer un crimen e identificar la participación de todos los que todos los que lo cometieron, pudiendo conseguir a cambio, en el mejor de los casos, el cese de la persecución penal, es decir; ya no habría prisión, pero sí tendrá que atender la responsabilidad civil. Eso no es válido para los jefes.

“No podrá concederse criterio de oportunidad a quienes ejercían las cúpulas, máximas jefaturas, cabecillas o dirigentes en la cadena de mando, al momento de los hechos, en las instituciones u organizaciones a través de las cuales se perpetraron las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario, salvo que ello sea imprescindible para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula o máximas jefaturas.” reza la propuesta.

Esto quiere decir que el militar encargado de dar la orden de masacrar a los padres Jesuitas, por ejemplo, no podrá evitar responder por lo que hizo, ni aportando información. Lo mismo aplica para los líderes guerrilleros que pidieron el asesinato del poeta Roque Dalton. Resultado contrario a la propuesta de Reconciliación de los diputados.

Será el juez de la causa quien determine si se autoriza o no el criterio, en caso de ser negado, el interesado podrá apelar y su caso se deberá considerar de nuevo. Quien pida criterio de oportunidad y en medio del proceso judicial se retracte, ya no podrá volver a solicitarlo. Pero para poder obtener el beneficio debe dar información.

Como otro de los beneficios se agrega que los implicados pueden someterse a un procedimiento abreviado siempre y cuando “el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del régimen de penas previsto para este procedimiento, la personas imputada confiese de forma pormenorizada el hecho objeto de la imputación…”.

“Las penas consignadas son más o menos las que ya se plantean en el Código Penal “la aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito del imputado”, se consigna y agrega que la pena puede ser reducida a la quinta parte si pide perdón por el crimen y ayuda a ubicar el paradero de las víctimas y si fuera el caso, los restos.

Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia

En la propuesta se concibe la creación del Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia (SIREPARA), que será el encargado de aglutinar a todas instituciones públicas encargadas de formular o ejecutar políticas, planes, programas o proyectos encaminados a la atención, reparación y acceso a la justicia.

Dentro de dicho sistema estarán un Consejo Nacional de la Verdad y Reparación Integral, los ministerios de justicia, gobernación, relaciones exteriores, hacienda, defensa, salud, educación, economía, obras públicas, cultura y organismos como la Dirección General de Estadísticas y Censos, Secretaría de Inclusión Social, Fuerza Armada de El Salvador, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, entre otros.

El SIREPARA “tiene por objeto articular, coordinar y armonizar la adopción y el cumplimiento de las medidas estatales necesarias, orientadas a garantizar la cualificación y efectivo ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, incluido el efectivo acceso a las medidas de las que trata esta Ley”.

También se considera la creación de otros elementos para apoyar a las víctimas y sus familias como la creación del Registro de Víctimas, Centro de Documentación de Memoria Histórica, este último con un papel muy activo dentro de todo el proceso.

El centro de Documentación funcionará, según se detalla en el documento “como un ente gestor, archivo general, centro de investigación y biblioteca pública sobre la memoria histórica, encargado de recuperar, recopilar, organizar, reconstruir y poner a disposición del público los documentos originales o copias fidedignas trascendentales para el cumplimiento del objeto de esta Ley”.