Los gastos de inteligencia se conocen como el "presupuesto en negro" (Black Budget en Estados Unidos). Son los que más atención reciben cuando se habla sobre las partidas secretas. En USA el análisis del presupuesto de inteligencia es  fundamental para el ejercicio de control por parte del Congreso.

Claro que las circunstancias de USA son únicas y por lo tanto no extrapolables a nuestra realidad, su experiencia puede ser de interés para las incipientes prácticas que se están desarrollando aquí. 

Tanto la presentación del presupuesto remitido por el Presidente, las leyes de autorización presupuestaria como las leyes de apropiación del mismo contienen información presupuestaria detallada la cual aparece, en cada caso, en forma de anexos con clasificación de secreto.

"Los fondos asignados disponibles para una agencia de inteligencia pueden ser gastados para una actividad de inteligencia o relativa a inteligencia sólo si...dichos fondos han sido específicamente autorizados por el Congreso a ser utilizados para dichas actividades".

En El Salvador no se publica el presupuesto del OIE (organismo de investigación del estado), a diferencia de USA donde se publican los gastos de pensiones y del staff de seguridad, aquí se ha llegado a desconocer a quienes han trabajado allí y por lo tanto debieron cotizar para poder pensionarse.

Debido a las dificultades que impone el secreto para el correcto control por el Ejecutivo como por la Asamblea, se hace necesario que existan mecanismos confiables en el manejo de los mismos. Mediante un nuevo sistema que permita la clasificación de seguridad al presupuesto sólo en los casos en que sea posible identificar o describir el perjuicio que resultaría al ser revelado.

Distinto es el esquema que está en vigor en Alemania Federal. El Parlamento alemán cuenta con una subcomisión presupuestaria para la autorización del presupuesto de inteligencia, perteneciente a la Comisión de Presupuesto del Bundestag. Es de destacar que esta es la única instancia legislativa en donde se debate y eventualmente se aprueba el presupuesto de inteligencia.

Recientemente, aquí la Justicia abrió una causa por presunta malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados en donde se encuentran acusados un ex presidente, ex funcionarios y secretarios de la presidencia, así como empleados de esa dependencia. Debería crearse una comisión legislativa para controlar los "gastos reservados" los cuales sólo estarían destinados para defensa y seguridad del Estado.

En El Salvador se involucra el uso discrecional de fondos reservados, donde sólo el Presidente tiene absoluto control. Según las crónicas periodísticas, el ex presidente Saca, y sus allegados están siendo acusados de malversación, al no poder justificar ante la Corte la desviación de fondos reservados para uso personal. La huida de otro ex-presidente a Nicaragua por las mismas razones pone de manifiesto un problema de control, pues la ley de secreto de seguridad nacional, impide la fiscalización exhaustiva. 

Sobre las normas que regulan los gastos reservados aquí no hay una ley muy exacta. Ha habido leyes muy antiguas, instructivos, decretos presidenciales y reglamentos..., pero no hay una legislación muy exacta ni muy acorde con la realidad actual. Por lo que será muy difícil para la FGR comprobar legalmente dichos delitos. Y no solo tratar de mitigar su fracaso con el uso de una herramienta inconstitucional como la ley de extinción de dominio, que a manera del CIRCO Romano, pretende con ello ocultar su fracaso como Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo debería ser a la actual Presidencia a la que se impongan más controles y se le obligue a declarar y auditar dichos fondos y no esperar que llegue otro gobernante al poder, pues harían desaparecer la información, como ha hecho la Presidencia de Funes con sus gastos reservados, viajes y “gustitos” de clase mundial.