Napoleón Bonaparte abandonó Elba y llegó a Paris el 20 de marzo de 1815. Cien días después, 28 de junio, perdía en Waterloo y era confinado en Santa Elena. Al regresar Luis 18 al trono se utilizó la frase del «fracasado gobierno de los 100 días» de Bonaparte para dar la bienvenida al monarca. Pero fue Franklin Roosevelt cuando asumió la presidencia de EE.UU. en 1933 que otorgó el significado actual del por qué el análisis de gestión a un mandatario en su primer trimestre de gobierno. Roosevelt prometió en sus primeros «cien días de gobierno» aplicar medidas que paliaran la crisis que azotaba a los estadounidenses desde el crack económico de 1929. Los 100 días sirven para sentar las bases políticas, económicas, sociales y lo efectiva que será una administración durante todo su mandato aplicándolas.

El gobierno que asumió el 1 de junio de 2019 tiene (así sentidas por la población) cinco grandes prioridades: que el salario alcance para llegar a fin de mes; que quiénes buscan trabajo dentro de su familia lo encuentren; seguridad; salud; educación. Esta ballena de problemas deberá abordarse por etapas y tiempos. Pero en este trimestre hemos podido observar el posicionamiento en materia de seguridad y salud.

Y los resultados –dicen las encuestas- gustan al pueblo y asustan a la vieja clase política porque los deja sin argumentos para hacerle una oposición destructiva (como era tradición) a la administración Bukele. Los partidos políticos tradicionales están obligados a replantearse para sobrevivir. Incluso los partidos aliados al presidente los sondeos les llaman a dejar de ser acartonados, aburridos y con rémoras de corrupción si desean igualmente obtener representación parlamentaria en 2021.    

La sinergia encontrada con la empresa privada, la comunidad internacional y el pueblo con la que comienza el presidente Bukele contrasta (dicen la encuestas) con la estéril e inútil polarización a la que ARENA/FMLN nos sometieron por 30 años. Esto nos permite inferir que para 2021 habrá un cambio en la correlación de fuerzas legislativas. Se configura un endoso popular a Nuevas Ideas, una mayoría contundente. Esta decisión los votantes la harán porque esperan cambios en las leyes que han mantenido alejado al pueblo de las decisiones que le afectan. Sueñan un nuevo país.

Y es moral soñarlo. La deuda social nacional es histórica, data desde hace 198 años cuando los padres fundadores excluyeron del acta de independencia al pueblo. Nadie espera que un gobernante en 100 días resuelva problemas cuyo origen es la exclusión, racismo, clasismo, uso y abuso del Estado para fines personales, caudillismos y una larga lista de aspectos personales que han prevalecido sobre la institucionalidad de nuestra nación por décadas y este detalle no debe obviarse cuando se juzgue al presidente Bukele.

La actual falta de buena salud y educación se debe a la corrupción. De allí que la CICIES sea un instrumento que debe apoyarse sin reparos y sin remiendos para que deje juicios ejemplarizantes contra el enriquecimiento ilícito, crimen organizado, elusión y evasión al fisco. Que sensibilice al establishment sobre la necesidad de establecer mecanismos propios para que el legado que deje esta comisión que ahora ven con recelo establezca un observatorio ciudadano contra este flagelo; obligue a nunca más necesitar del apoyo internacional para prevenir, combatir y perseguir nosotros mismos a los corruptos de todo tipo y que los que pretendan abusar del Estado lo piensen muchas veces antes de lacerar la sociedad salvadoreña.

Corolario:

Contrario sensu a democracias desarrolladas los programas electorales de los partidos políticos en El Salvador no son de obligatoriedad (ley) su cumplimiento una vez asumidas las funciones de gobierno. Esto es un problema estructural de la democracia salvadoreña porque si bien se invita a los ciudadanos a participar en su elaboración ya sea aportando ideas o datos incluso visitando sus comunidades no existe un mecanismo que permita a esos mismos votantes exigir su ejecución.

Las elites políticas latinoamericanas no están obligadas a concluir lo que prometen durante la campaña electoral. De allí que al no hacer lo que prometen y no digan lo que harán haya llevado a nuestras sociedades a estar decepcionados con la democracia. Esto sucede porque el plan de gobierno no es vinculante para juzgar a los mandatarios una vez hayan concluido su gestión y poder de esa forma evaluar si cumplieron o no para lo que fueron electos.

Ese es uno de los retos de la administración que llega a sus primeros 100 días. Cumplir lo propuesto o cuando menos dejar iniciado el sueño de un país distinto al que dejaron los señores de la guerra.